CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2011, cuando la guerra desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico comenzaba a llenar el país de sangre, desaparecidos y fosas, las víctimas creamos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y salimos a la calle. Uno de sus logros, después de largas y extenuantes marchas y de difíciles y dolorosos diálogos, fue la creación de la Ley General de Víctimas (LGV), de su órgano ejecutivo –la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)–, del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FARI).

Por desgracia, todo eso fue destruido con la extinción de su fideicomiso que la mayoría del Senado votó el pasado 21 de octubre. La atrocidad no está tanto en la extinción del fideicomiso, como en la eliminación que con él se hizo de la fracción I del artículo 132 de la LGV que obligaba a la Cámara de Diputados a dotar al FARI con no menos de 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PFE), fondo que ese fideicomiso administraba.

La creación de la LGV, de la CEAV, del SNAV y del FARI fue la forma en que las víctimas nos devolvimos los derechos que el crimen organizado y el Estado nos quitaron al arrancarnos a nuestros seres queridos y revictimizarlos reduciéndolos a “cifras”, “bajas colaterales”, “criminales” que habían tenido su merecido. Fue también la base para crear una verdadera Justicia Transicional que le permitiría al país transitar de un Estado cooptado por el crimen a un Estado de derecho.

Desde la creación de esos instrumentos, las víctimas, acompañadas por muchas organizaciones, no hemos dejado de insistir y de trabajar en su perfeccionamiento.

De hecho, semanas antes de que el actual gobierno iniciara su mandato, entregamos a Alejandro Encinas un diagnóstico con las múltiples deficiencias de la CEAV y una serie de propuestas para atenderlas.

Después, a raíz de los acuerdos con el presidente López Obrador en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el 8 de septiembre de 2018, se trabajó con el equipo del mismo Encinas en varios documentos sobre Justicia Transicional que permitirían elaborar una política de Estado en favor de la paz.

Sin embargo, al tomar posesión de la Presidencia, sin explicación alguna, el presidente y la Segob tiraron acuerdos y documentos a la basura. En su lugar reforzaron la militarización, lo que, en enero de este año, motivó la Caminata por la Verdad la Justicia y la Paz, que concluyó con desprecios e insultos del presidente, una campaña de linchamiento en las redes sociales y un grupo de provocadores en el Zócalo de la CDMX.

Desde que el actual gobierno tomó posesión de la Presidencia, la 4T se ha propuesto derruir a la CEAV. Jamás se ha convocado al SNAV –integrado por varias secretarías, como la de Educación, relacionadas con la atención del Estado a las víctimas–, se redujeron sus plazas, se le despojó de 75% de su presupuesto de operación y desde junio carece de titular.

Ahora, sin prueba alguna de supuestas corrupciones, con esa manía de la 4T de poner los bueyes detrás de la carreta y pretender que así remontará la empinada cuesta de la corrupción, extinguió el fideicomiso que permitía la operación de los ahora inexistentes recursos del FARI. Con ello, además de mutilar la LGV, de reducir a la CEAV a una oficialía de partes y arrojar a las víctimas a un estado de indefensión peor que el que teníamos en la época de Calderón, la 4T miente al decir que el FARI será administrado por la Secretaría de Hacienda (SHCP). Si los diputados ya no lo dotarán con al menos 0.014% del PEF, ¿cuál es el monto con el que supuestamente la SHCP ayudará, asistirá y reparará a las víctimas? ¿Cuáles serán sus reglas de operación? ¿Qué garantías de transparencia habrá en el uso y el destino de esos recursos cuyos montos aún se ignoran?

Con la extinción del FARI y su fideicomiso, la 4T le ha dado el tiro de gracia a la CEAV. Sin ese fondo, muchas víctimas, doblemente pobres –despojadas de sus seres queridos y sin recursos económicos—, no podrán ya sostener a sus familias para dedicarse a encontrar la justicia que el Estado no les da. Sin ese fondo, las madres y sus colectivos ya no podrán salir a buscar a los desaparecidos, que el Estado ni busca ni encuentra. Las cerca de 4 mil fosas clandestinas descubiertas ha sido fundamentalmente trabajo de ellas. Sin ese fondo, las víctimas jamás podrán acceder a esa parte de la reparación integral a la que tienen derecho.

La extinción del FARI y su fideicomiso es el más reciente escupitajo que la 4T lanza a la cara de las víctimas, a sus sufrimientos, a su dignidad y a sus conquistas. Es también un espaldarazo al crimen organizado y a las complicidades del Estado, que las detenciones de García Luna y del general Cienfuegos desnudaron y que el crecimiento de la violencia, la violación a los derechos humanos, las deferencias del presidente a la madre del “Chapo” –perdón, del señor Guzmán Loera– y el “Culiacanazo” parecen confirmar. Nunca, desde el 68, el Estado criminal que es México ha sido tan hipócrita y abyectamente cobijado. Nunca como ahora, la cínica frase de Stalin durante sus grandes purgas –“Al final, la muerte siempre gana”– ha resonado con tanta fuerza en este país.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Le Barón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos.