CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Fue hace mucho tiempo”, dijo el periodista Jorge Ramos sobre la responsabilidad de Genaro García Luna en la actual crisis de inseguridad. Julián LeBarón pide una huelga de remesas de parte de mexicanos en el exterior con el fin de “poner contra la pared” al gobierno actual. Javier Sicilia organiza una marcha el 23 de enero con el fin de presionar a Andrés Manuel López Obrador para que cambie su estrategia de seguridad pública. Si bien estos tres personajes públicos disfrazan su discurso en un halo “ciudadano”, lo que buscan en realidad es retornar a las estrategias fallidas del pasado enarboladas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aquellas estrategias se hacían pasar como de “mano dura”, pero en realidad se basaban en la complicidad absoluta entre los cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada. Los actuales niveles de delincuencia e inseguridad en México son inaceptables, sin duda. Y las críticas y las propuestas en la materia son sanas y productivas. Sin embargo, para poder avanzar es importante primero deshacernos de los prejuicios del pensamiento (neo)liberal. El enfoque de Ramos, LeBarón, Sicilia y otras voces similares no es, en realidad, “ciudadano”, sino estrictamente “antigubernamental”. Insisten en poner a López Obrador en la misma categoría que Peña Nieto y Calderón por el simple hecho de que los tres han ocupado el mismo cargo público. Su dogmatismo ideológico no les permite entender que la función del “gobierno” no es siempre la misma en todos los contextos históricos. Por ejemplo, cuando los aparatos de seguridad del Estado sirven a un gobierno cuyo principal propósito es el saqueo de los recursos naturales y el enriquecimiento de los altos funcionarios, por supuesto que sus funciones principales son el control social, la represión y la simple administración de la delincuencia. Pero cuando estas mismas corporaciones de seguridad reciben órdenes de un gobierno cuyo propósito central es mejorar el bienestar del pueblo y fortalecer las instituciones públicas, entonces sus funciones principales son justo lo contrario: la protección ciudadana y el combate frontal al crimen. La terrible crisis de inseguridad que sigue afectando al pueblo mexicano no es culpa de López Obrador, sino de la combinación de décadas de saqueo económico, más de dos lustros de una errada estrategia de “guerra” y una profunda corrupción e ineficacia de los aparatos de seguridad. Así que, al dar un giro de 180 grados en la estrategia de seguridad pública, el gobierno actual avanza por el camino correcto. En primer lugar, se ha establecido una separación estricta entre las corporaciones de seguridad y el crimen y se encuentra en curso una profunda limpia anticorrupción en todos los niveles del gobierno. Ya no se tolerarán las estrategias al estilo de García Luna o Miguel Ángel Osorio Chong, de negociación con los delincuentes, sino que ahora sí se les combate de manera frontal y sin ambages. Además, se encuentra en proceso de construcción una corporación policiaca totalmente nueva, llamada Guardia Nacional, que se está alimentando con 20 mil nuevos reclutas al año que provienen de la ciudadanía y contarán con una capacitación moderna con base en los principios de lealtad, honestidad, disciplina y respeto absoluto a los derechos humanos. En segundo lugar, ya fluyen millones de nuevas becas y apoyos sociales para los jóvenes, los campesinos y, en general, los más excluidos de la República. También ya se construyen cien nuevas universidades públicas y gratuitas del sistema “Benito Juárez”, y con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar se busca garantizar el acceso gratuito a la salud para absolutamente todos los mexicanos. La tercera línea de acción no le corresponde a López Obrador sino a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación. Estos dos órganos del Estado mexicano son los verdaderos responsables de poner fin a la impunidad, no el Poder Ejecutivo. Afortunadamente, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero y Arturo Zaldívar, tanto la FGR como la Suprema Corte de Justicia hoy se encuentran en un proceso de profunda limpieza y transformación, proceso complejo que enfrenta muchas resistencias y evidentemente tomará tiempo en rendir frutos. El verdadero cambio histórico avanza lento, pero firme, y la verdadera estrategia “dura” y efectiva para resolver la crisis de seguridad es la que está siguiendo el gobierno actual. Quienes hoy utilizan la grave crisis de inseguridad como un ariete para arremeter en contra de López Obrador engañan a la ciudadanía al negarse a entender la complejidad del fenómeno con sus variadas aristas sociales, económicas e históricas. Los ciudadanos de buena fe, que realmente quieren resolver los problemas actuales, deberíamos apoyar los esfuerzos del nuevo gobierno por cambiar la nación en lugar de buscar cualquier pretexto para intentar sabotearlo. www.johnackerman.mx Este análisis se publicó el 19 de enero de 2020 en la edición 2255 de la revista Proceso.