CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Investigar los lazos de solidaridad entre Felipe Calderón Hinojosa e Isabel Miranda de Wallace conduce a un camino inquietante. Uno se topa con evidencia que podría confirmar un comportamiento ilegal y quizá delictivo por parte del exmandatario. Arroja luz sobre decisiones del jefe del Estado mexicano que, en su día, habrían torcido la Constitución bajo el pretexto de una devastadora guerra contra el crimen organizado. Durante la misma jornada en que se publicó el reportaje Un acta de nacimiento de 1970 revela otra mentira de Isabel Miranda (Proceso 2217), el expresidente Calderón Hinojosa defendió a Isabel Miranda de Wallace con un mensaje en las redes sociales:  “Mi solidaridad con @WallaceIsabel. Veo saña contra ella. ‘Periodismo’ relatando temas y cuestiones irrelevantes (‘la hija del arriero’, ‘el matrimonio secreto con el primo’) frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado: Qué mezquindad, pobre México.”  Cabría suponer que Calderón realmente aprecia a la señora Wallace y sólo por humanidad y empatía descalificó el trabajo periodístico referido, sin comprender a cabalidad que en tal investigación se aportaron pruebas tendientes a invalidar evidencia fundamental del caso.  Puede, sin embargo, suponerse también que otras motivaciones más embarazosas dictaron el proceder del exmandatario. Es obvio que la biografía política de Felipe Calderón, como presidente, quedó íntimamente ligada a la líder de la sociedad civil Isabel Miranda de Wallace y, sobre todo, a las formas y los modos que ambos compartieron para perseguir al crimen organizado.  Coinciden sus respectivas visiones respecto a la tortura, la investigación policial, el montaje de las escenas criminales y la fabricación de culpables. Hasta ahora, el caso palmario de tal coincidencia había sido el de Florence Cassez. Ambos, el entonces presidente Calderón y la defensora de presuntas víctimas, dieron batallas, cuerpo a cuerpo, para que –a pesar de la evidente violación al debido proceso– la ciudadana francesa fuese presentada ante la opinión pública como una secuestradora sin redención posible por parte de la justicia. Tanta fue su coincidencia que Felipe Calderón entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 a Isabel Miranda de Wallace y luego forzó a su partido –el PAN– para que la postulara como candidata a jefe de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2012.  Desde esta relatoría es fácil comprender por qué Calderón, al defender con enjundia a la señora Wallace, lo que querría hacer en realidad es blindar la memoria histórica de su propio comportamiento a propósito de las políticas de seguridad que dominaron durante su mandato. Ahora que, analizando el complejo expediente judicial del caso Wallace, se asoma un tercer nivel de lectura que conduce a proponer otra hipótesis: Felipe Calderón e Isabel Miranda no sólo empatizaron en visión y método, además se mancharon las manos con el mismo lodo.  Hay una pieza de evidencia que apunta en este sentido y puede encontrarse en la Pericial Médica y Protocolo de Estambul que el médico cirujano Raúl Enrique Ojeda Silva practicó al procesado Jacobo Tagle Dobin, el lunes 10 de septiembre de 2018.  En ese documento se confirman las torturas que el indiciado padeció a manos de las autoridades; también da cuenta de la presunta presencia de Isabel Miranda de Wallace durante tales actos de violencia.  Pero el momento más turbador de la narración ocurre cuando la señora Wallace habría llamado al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, en presencia del indiciado. Aquí la afirmación directa de Tagle Dobin:  “Dijo la señora Wallace que le comunicaran de inmediato con… el licenciado Felipe Calderón, por lo que le pasaron un teléfono móvil, hablando en voz alta para que todo mundo escuchara la conversación… Refiriendo la señora … que acababan de detener al último que faltaba de los secuestradores de su hijo… por lo que la felicitó y (él) le dijo… que le pasara al encargado de ahí. Le pasó el teléfono a un señor de pelo canoso, el cual de inmediato recibió la indicación de que le dieran todas las atenciones a la señora Wallace… y que hicieran lo necesario para dejarme bien refundido en la cárcel…” Tagle Dobin continúa explicando que, después de aquella comunicación con el entonces presidente, quedaron a su cuidado sólo dos hombres: el primero, quien le apuntaba con una pistola, y el segundo –vestido de negro y ubicado a un costado suyo, quien “con los dedos (pulgares de sus manos) se apoyó sobre las órbitas de mis globos oculares para apretarme… lo que ocasionaba que presentara un dolor muy fuerte y se dirigía hacia dentro y hacia arriba de mi cabeza, como si se me partiera en dos, como una descarga eléctrica”.  El Protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobin da cuenta de una serie larga e insoportable de agresiones destinadas, primero, a obtener una autoconfesión; y luego, para castigar al inculpado por haber negado, frente al juez, las declaraciones obtenidas bajo tortura.  Si el caso Wallace emerge a la luz pública –con todas sus aristas y argumentos cargados de arbitrariedad y abuso de poder– será difícil para el expresidente Calderón mantenerse al margen del reflector y el juicio público.  Acaso fue por este motivo que tanto se apuró el exmandatario para calificar como irrelevante una investigación periodística en curso, que podría involucrarlo por su actuación inconstitucional, al frente del Estado mexicano. Este análisis se publicó el 19 de mayo de 2019 en la edición 2220 de la revista Proceso