CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El miércoles 13 de julio de 2005 el empresario José Enrique del Socorro Díaz acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Según sus declaraciones, para ese momento llevaba poco menos de 48 horas desaparecido. Ahí dijo que él y otros familiares habían encontrado el día previo un vehículo Cherokee, perteneciente a la víctima, estacionado en una pequeña calle de la colonia Insurgentes Mixcoac. Añadió que un vecino de la zona le contó haber visto, la noche del lunes 11 de julio, a unos hombres bajando con violencia de ese auto a una persona para conducirla a un inmueble ubicado en la calle de Perugino número 6.  Luego, según el señor Wallace, un niño le narró haber escuchado balazos en ese mismo edificio, alrededor de las cuatro de la madrugada del martes 12 de julio, y también vio cómo unos sujetos sacaron a una persona herida, de vuelta a la calle.  Con esta información la Procuraduría solicitó una orden de cateo en el departamento 4 del inmueble ubicado en la calle de Perugino 6, donde según el mismo niño, vivían unas mujeres dedicadas a “la vida galante”. El viernes 15 de julio de 2005, peritos de la PGR ingresaron al departamento mencionado. De acuerdo con el acta circunstanciada de esa diligencia, no se encontró nada relevante para corroborar las declaraciones del señor Wallace. El inmueble estaba habitado por una persona del sexo femenino, de nombre Juana Hilda González Lomelí, cantante del grupo musical Clímax. El expediente judicial 35/2006-II, del juzgado 16º de distrito, sobre el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, es un voluminoso documento de más de 30 mil páginas. En él se relata una historia extraordinaria, porque la fabricación y la mentira emergen desde los primeros folios.  Por ejemplo, la autoridad jamás dio con el testigo que dijo al señor Wallace haber visto a la víctima bajar del vehículo Cherokee. En el mismo sentido, el niño Érick Figueroa Martínez, a quien el señor Wallace identificó como testigo principal, fue entrevistados dos veces por las autoridades y en ambas aseguró que era falsa su supuesta declaración. Es más, testificó no haber dormido en ese edificio la noche en que habrían ocurrido los hechos.  Tercero, al menos cinco vecinos de Perugino 6 fueron entrevistados por la policía, durante la misma semana de la desaparición, y luego fueron llamados a declarar a la SIEDO: en ese 2005, todas las veces dijeron que el inmueble donde habitaban era tranquilo y que la madrugada del martes 12 había transcurrido sin ningún hecho relevante que mencionar.  No sorprende que, con tales elementos, la autoridad haya dudado del supuesto secuestro y por eso autorizó al propietario del departamento 4 a rentarlo de nuevo.  Sin embargo, seis meses después de la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, el 10 de enero de 2006, fue detenida Juana Hilda González Lomelí. A pesar de la ausencia de pruebas sobre su participación en el supuesto secuestro, fue arraigada por la SIEDO.  Según obra en el expediente, esa mujer declaró dos veces no conocer a la presunta víctima, ni haber participado en los hechos imputados. Pero el miércoles 8 de febrero de 2006 fue llevada a declarar, por tercera vez, y entonces contó una versión rocambolesca que hoy cualquiera puede analizar en Youtube.  Ahí narra que llevó con engaños a Hugo Alberto Wallace a Perugino, la noche del lunes 11 de julio de 2005, con el propósito de secuestrarlo. Cuenta también que a la víctima le habría sobrevenido un paro cardiaco, por lo que ya muerto, sus otros cinco cómplices procedieron a tomarle fotografías y luego a serrucharlo, en partes, dentro del diminuto baño de la propiedad.  Si bien Juana Hilda González Lomelí jamás ratificó este testimonio y pocos días después aseguró que había sido obtenido bajo condiciones de amenaza y de violencia, fueron estas declaraciones las que permitieron construir la tesis criminal del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.  Posteriormente, de nuevo, los peritos ingresaron al departamento de Perugino y esta segunda vez sí encontraron, en el baño, una gota de sangre y también una licencia caduca a nombre de la persona desaparecida. Esa evidencia habría sobrevivido en ese mismo sitio durante seis meses, a pesar de que otro inquilino ocupó el inmueble.  La gota de sangre, una vez analizada, arrojó coincidencia en los marcadores de ADN con Isabel Miranda de Wallace y también con José Enrique del Socorro Díaz.  Son el testimonio de Juana Hilda González Lomelí, del 8 de febrero de 2006, y esa prueba científica, lo que condujo a la persecución, privación de la libertad y enjuiciamiento de los seis supuestos perpetradores del abominable secuestro y descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace.  Catorce años más tarde, la PGR recibió nueva evidencia a propósito de la famosa gota de sangre: Hugo Alberto Wallace Miranda en realidad se llama Hugo Alberto León Miranda y su verdadero padre biológico es Carlos León Miranda. Por tanto, los marcadores genéticos de aquella evidencia no pueden corresponder a José Enrique del Socorro Wallace.  No es la vida privada de la madre del desaparecido la que fue exhibida en el número previo de Proceso, sino algo mucho más trascendente: se exhibió que una pieza probatoria principal en el caso Wallace es falsa.  César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo Cruz, Albert y Tony Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí aseguran haber vivido torturas inenarrables, porque la autoridad quiso obtener confesiones autoinculpatorias. No todos sucumbieron a la presión y, sin embargo, continúan en la cárcel y algunos con condenas de casi cien años.  De que Hugo Alberto desapareció no hay duda: todo lo demás merece volver a investigarse, desde el principio.   Este análisis se publicó el 5 de mayo de 2019 en la edición 2218 de la revista Proceso