CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la más reciente sesión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hubo una gran discusión sobre los formatos de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que tiene un trasfondo de interés público porque entraña transparencia y rendición de cuentas, además de ser una herramienta de lucha contra la corrupción. Veamos. Primero. EL SNA introdujo un cambio al formato tradicional para ese tipo de declaraciones: de 200 espacios aumentó a más de 500. El primer tema es que, en aras de la transparencia, en el nuevo se incluyó información confidencial y datos considerados irrelevantes. En este sentido hubo consenso en que se hicieran los ajustes necesarios para evitar que los formatos de la declaración conduzcan a error. Ciertamente, es siempre preferible tener información de interés público puntual y clara que dar pie a percepciones equívocas en el imaginario colectivo por un diseño inadecuado del formato de referencia. Segundo. El otro tema es el relativo a la segmentación; es decir, el formato no puede ser el mismo para quienes formen parte de los mandos superiores de la administración pública y manejen recursos que para los jefes de departamentos de estudios e informes, que no tienen a su alcance ninguna atribución en materia económica. José Octavio López Presa, ahora en funciones de presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, es un gran aliado de la democracia en México; fue el creador del SISI del IFAI, el antecedente de la caricatura en que con el INAI se convirtió la Plataforma Nacional para supuestamente facilitar las solicitudes de información. López Presa me informa que la segmentación debe realizarse de manera clara y sencilla y, opina, ésta no tendría por qué llevar largo tiempo para su puesta en marcha. López Presa forma parte ahora de ese comité que –espera y esperamos todos– haga los ajustes necesarios a la brevedad posible.  Tercero. El gran problema es el de la interoperabilidad que permitiría agregarle a la base de datos que hizo la compañía Oracle una plataforma digital con diversas funcionalidades para cruzar información y aprovechar los datos almacenados. Ha habido cierta molestia con la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, porque no ha sido partícipe de que las cosas se hagan de forma gradual, sino que se presente el proyecto completo. Por cierto, la secretaria anterior no logró mayores avances en la materia, según confirma López Presa. Sandoval llegó con tiempos fatales y sin nada –o casi nada– avanzado, por lo que técnicamente era imposible o casi imposible hacer en tres meses lo que no se hizo en más de un año. Conozco y reconozco el trabajo de la nueva funcionaria y su rigor intelectual, razón por la cual considero que su intervención en este proceso hará seguramente la diferencia. Cuarto. En lo que corresponde al gobierno de la Ciudad de México, éste ha logrado grandes avances en la materia, es decir en el área de la Agencia de Operación e Innovación Digital, que dirige el especialista José Merino. López Presa comenta que deben realizarse todavía algunas pruebas de seguridad a la plataforma de la capital del país, trabajo que, considera, podría llevarse de tres a cinco meses. Optimista, confía asimismo en que la plataforma de la Ciudad de México eventualmente podría ser el referente nacional, incluyendo por supuesto la tarea de llenar el vacío que dejó la administración anterior de la Secretaría de la Función Pública. Quinto. En el diseño original, el presupuesto destinado a cada uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana equivale a 65 mil pesos netos mensuales. López Presa, empresario exitoso, asegura que no participa en esa instancia por pesos y centavos, pero revela que hasta ahora la Secretaría de Hacienda no ha liberado esos recursos; legalmente tampoco se ha informado o habido cambios enfocados a reducir o eliminar ese pago. Sexto. La interpretación de la ley establece la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial siempre y cuando se desempeñen como mandos medios, y excepcionalmente la realización de operativos ante el riesgo de corrupción que pueda presentarse. Una inquietud que se ha manifestado en pequeños círculos académicos es que profesores e investigadores de tiempo completo de las universidades públicas, que son –somos– en estricto sentido servidores públicos, también deberán presentar su declaración patrimonial, aunque no manejen recursos públicos. López Presa afirma que este rumor carece de fundamento, por lo que el gremio académico universitario que no coordine o maneje proyectos con recursos públicos no tendrá la obligación de presentar la declaración; resulta claro que si ésta llegara en verdad a imponerse de manera general, generaría una gran resistencia en la amplísima comunidad académica del país. Es de esperar que la obligatoriedad de las declaraciones bajo el argumento de la dificultad de la interoperabilidad tarde en ponerse en marcha. La nueva fecha límite es el último día de diciembre de este año, pero si resulta procedente el proyecto de la capital del país, el plazo sería mucho más corto.   @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com Este análisis se publicó el 31 de marzo de 2019 en la edición 2213 de la revista Proceso