WASHINGTON (apro) – La posibilidad de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump designe como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico de México es conveniente para la sociedad mexicana y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes en entrevista con el conductor de la cadena de televisión Fox News, Bill O’Reilly, el mandatario estadunidense dejó entrever que está ponderando la designación de los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones del terrorismo internacional. “Serán designados” respondió tajante Trump a la pregunta que le hizo el conductor del programa televisivo para luego agregar: “He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días (…) la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso”. El cuestionamiento de O’Reilly fue en referencia a la carta que mandó la semana pasada a la Casa Blanca la familia LeBarón, en la que solicita a Trump la designación a causa del asesinato de tres mujeres y seis menores de edad de dicha familia mormona el pasado 4 de noviembre. Las ambiguas declaraciones de Trump sobre la designación como grupos terroristas de los cárteles mexicanos, provocó inmediatamente una reacción de preocupación por parte del gobierno de López Obrador frente a la posible designación de los grupos criminales. “Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O’Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio”, informó la cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417. La declaración de Trump sobre la posible designación como grupos terroristas internacionales a los cárteles mexicanos, no es el primer intento que se hace en este sentido en los Estados Unidos. Durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y luego de las constantes aseveraciones de Janet Napolitano (quien fuera secretaria de Seguridad Interior en la presidencia de Barack Obama) de establecer que ante los azotes del narcotráfico México era un “Estado fallido”, en el Congreso estadunidense se llevaron a cabo varios intentos infructuosos por designar como terroristas a los narcos mexicanos. Frente a la cruda realidad de inseguridad y luego de más de una década con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos en relación a la violencia relacionada al narcotráfico, a México le convendría que Trump designara como terroristas a los traficantes de drogas ilícitas. Bajo dicha nominación, el gobierno federal de Estados Unidos estaría obligado a combatir fehacientemente el tráfico de armas a México e investigar su sistema bancario para evitar su involucramiento en el lavado de dinero y financiamiento del narco mexicano; por ejemplo. La fase para el procedimiento formal de la designación en Estados Unidos empieza con la notificación al Congreso estadunidense por parte del Secretario de Estado (en este caso Mike Pompeo) y en cumplimiento con el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, de informar que a los cárteles mexicanos se les etiqueta como Organizaciones Terroristas Internacionales. Pompeo tendría que especificar al Capitolio qué tipo de actividades terroristas llevan a cabo los cárteles mexicanos, como en las que incurren los grupos terroristas islámicos, separatistas y marxistas como los de las naciones árabes y asiáticas que integran la lista de Organizaciones Terroristas Internacionales del Departamento de Estado. En concordancia con el Departamento de Estado, el del Tesoro; y en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 13224 puede designar como Organización Terrorista Internacional a grupos narcotraficantes extranjeros que con ello quedan sujetos a las sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). La acción del Departamento del Tesoro permite la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias de las entidades designadas y sus miembros, dentro las jurisdicciones donde se apliquen las leyes de Estados Unidos, no en el extranjero. En consulta con el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, el Secretario de Estado y el del Tesoro le informan al Congreso la decisión de la designación de la entidad o agrupación extranjera como Grupo Terrorista Internacional. El Capitolio tiene un periodo de siete días para canalizar la propuesta y si no hay objeción debido a las pruebas que les presente el gobierno federal para asumir dicha designación, esta se instrumenta cuando se cumple el periodo de gracia al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Al catalogar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Internacionales (OTI), el gobierno federal estadunidense está obligado a evitar que estos reciban armamento y financiamiento de cualquier lado. El mismo Trump, como lo han hecho sus antecesores, admite que las armas que han empoderado a los cárteles del narcotráfico de México son fabricadas en Estados Unidos. Esto, sin necesidad de que el gobierno de López Obrador insista en la cooperación para detener el flujo de armas de norte a sur, obligaría a Trump a contener el ingreso de arsenal de alto poder y municiones a México a través de la frontera sur estadunidense. En paralelo, y como también lo admite el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estaría obligado a cambiar las leyes bancarias domésticas, empezando con la modificación del secreto bancario y los límites para el envío de las remesas a México. Está comprobado que por medio de las transferencias electrónicas de dinero de hasta nueve mil 999 dólares, los cárteles mexicanos aprovechan esta deferencia bancaria por parte del Departamento del Tesoro, para enviar dinero a México procedente de la venta de todo tipo de drogas en Estados Unidos. Las transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México menores a los 10 mil dólares están exentas de investigación para determinar su procedencia, lo cual es aprovechado por el narcotráfico mexicano para lavar miles de millones de dólares anualmente. Con el argumento de que estas transferencias de dinero se permiten por las remesas que mandan a sus familiares a México los inmigrantes de ese país, el Departamento del Tesoro evita investigar a sus bancos y determinar su involucramiento en el lavado de dinero de la venta de narcóticos y armas que lleva a cabo el mercado negro. Analistas insisten en que el Departamento del Tesoro se niega a investigar a sus bancos y su relación indirecta o directa con el narcotráfico, porque el resultado de dicha pesquisa provocaría el desplome de su mercado financiero y el de otros países. A México sin duda le convendría que Estados Unidos combatiera por su propia cuenta el tráfico de armas y el lavado de dinero por narcotráfico porque disminuiría la violencia y obviamente los asesinatos y desapariciones en la sociedad mexicana. Otra implicación de la designación como OTI a los cárteles mexicanos, es la prohibición irrevocable a todas las entidades del gobierno federal de Estados Unidos de tener relación y negociaciones con las entidades extrajeras que implican peligro y riesgos a su seguridad nacional. Esta medida obligaría de alguna forma a que Trump ordenara la salida del territorio mexicano de agentes de agencias federales de su país como la DEA, FBI, CIA, ICE y del Pentágono, entre otras. Aunque oficialmente lo niegue, el gobierno de Estados Unidos negocia acuerdos con los narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado con documentos y testimonios presentados por el Departamento de Justicia durante el juicio el año pasado en Nueva York en contra del narco mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. En pleno proceso electoral y por sus ambiciones de reelegirse en los comicios del 3 de noviembre de 2020, sería contraproducente para Trump designar como OTI a los cárteles mexicanos. Combatir al tráfico de armas a México le causaría a Trump enemistarse con la Asociación Nacional del Rifle que con cientos de millones de dólares anuales financia campañas políticas en Estados Unidos. La investigación a la banca privada estadunidense por su posible participación en el lavado de dinero procedente del narcotráfico suscitaría una contracción a la economía de Estados Unidos que no convendría a los intereses electorales de Trump. El hecho de que el presidente de Estados Unidos se maneja de manera impredecible genera ruido en que pueda también por interés electoral hacer la designación a los cárteles mexicanos; una apuesta complicada. En su comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, se informó que se buscará discutir el tema como el Secretario de Estado. “En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos”, subrayó la cancillería mexicana. Conforme a las leyes estadunidenses para la designación de OTI, las entidades afectadas tienen un plazo de 30 días, después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para apelar la acción en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia (Washington, D.C.)