CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace tiempo los mexicanos estamos de acuerdo en que el mayor problema del país es la corrupción. La corrupción donde se tuercen los mejores planes de gobierno. Donde se vacían las arcas del erario. Donde se desvían las mejores intenciones para el bien común. Gracias a la prensa, no por cierto a las instituciones del Estado, hoy sabemos el tamaño y lo sistemático del saqueo. Nuestros funcionarios toman para sí dinero directamente del presupuesto de cultura, pero igual del presupuesto de educación. Igual del de urbanización. Igual del de salud. Nuestros funcionarios deciden quiénes serán los constructores de las obras públicas, y deciden las mismas obras públicas, no por sus méritos y su necesidad, sino de acuerdo a la subasta de los sobornos que puedan embolsarse. Quien da más al funcionario gana la obra, no quien da más al país. Y finalmente, los gobernadores, los alcaldes y los delegados, así como las fuerzas policiacas, ofertan su silencio y su cooperación al crimen organizado. A narcotraficantes y a peores delincuentes, pederastas, ladrones, violadores, tratantes de blancas y niños, y asesinos. El saqueo es continuo y no tiene ideología. En él participa la Izquierda y la Derecha y el Centro. Hace una semana nos despertamos con el monto desorbitado del robo de un exgobernador priista al estado de Veracruz y este lunes con el video de la entrega de paquetes de billetes a una diputada de Morena. El debate entre los políticos se ha convertido en un Y tú más, Y yo menos. Y si la corrupción es nuestro enorme problema, la solución tampoco puede ser ideológica. Nada tiene que ver aquí que quienes gobiernen en el futuro sean de la Izquierda o de la Derecha o del Centro. Como tampoco importan las promesas de honestidad de un candidato a la presidencia o de otro. Los mexicanos seríamos muy brutos si pensáramos que un nuevo presidente es la garantía del desmantelamiento del gobierno criminal, sencillamente porque así lo dice. Al contrario, nuestra historia reciente muestra que los nuevos presidentes muy rápido renuncian a la lucha contra la corrupción, porque no tienen alicientes para hacerlo y sí muchos para administrar el desfalco en su propio beneficio político y económico. La solución debiera ser entonces más simple y directa. Más lógica. Si el problema es la corrupción, su solución es imponer al centro del sistema una institución vigía: una institución que vigile a los funcionarios de gobierno, sorprenda sus pillerías y las sancione, y regrese lo robado a las arcas del país. En el diseño del Estado mexicano se encuentra tal institución. Es la PGR. La Procuraduría General de la República, cuya función es esa. Es decir, idealmente es esa. Vigilar, sancionar, restituir. En la práctica, ¿quién no lo sabe?, la PGR es, y ha sido históricamente, lo contrario. Presidida por una persona nombrada por el presidente en turno, es el primer frente que protege la corrupción del sistema entero. A manera de ejemplo, hablemos de la PGR de hoy. Hoy se encuentra presidida por el abogado del presidente Peña Nieto, un señor cuya carrera profesional ha consistido en procurar que los ricos del país no paguen impuestos. Así, el trabajo de nuestro procurador en funciones es velar por la secrecía de los hechos delictivos del presidente y su gabinete, amén de administrar la injusticia. Un botón de muestra conocido. El licenciado Raúl Cervantes viajó hace dos semanas a Brasil, para enterarse de a qué manos fueron a parar los sobornos que la constructora Odebrecht distribuyó en el gobierno nacional. Pero la información no se ha revelado a la sociedad, y por supuesto no se traducirá en el enjuiciamiento de los funcionarios culpables. Se quedará secreta en su resguardo, sin uso, o acaso para usos políticos. Dirá el lector, la lectora, que esta batalla, la de tener un procurador de justicia justo y honesto, ya la perdimos como sociedad. Que ahora nos toca más bien buscar que el Fiscal Anticorrupción, por elegirse, sea pasable, aunque estará subordinado al procurador actual, y como lo explicó Agustín Basave recientemente en un artículo del periódico El Universal, sus poderes serán tan pequeños como el del enano de una farsa (“El priñanietismo y la farsa del Sistema Nacional Anticorrupción”). Bueno, ese es precisamente el discurso propositivamente descorazonador de nuestro presidente. Señores, señoras ciudadanos, nos dice el presidente Peña con sus hechos, que nunca con sus palabras: el pastel ya lo repartí, pero luchen ustedes ahora por las migajas. Pues bien, eso es lo que no debemos hacer, luchar por las migajas. El asunto del procurador no está saldado, a menos que lo abandonemos. México se merece un procurador general probo y con poderes suficientes para impartir justicia. La pregunta más bien es la que sigue: ¿cómo podemos los mexicanos, en la práctica, imponerle al presidente Peña un procurador así? Lo primero es hacerse a la idea de que somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos imponer al gobierno ese procurador. Lo segundo es elegir una terna de personas cuya fama garantice su lealtad y su capacidad para la misión. (A mí se me ocurren dos nombres: Emilio Álvarez Icaza y Diego Valadés.) Y finalmente, es necesario socializar la exigencia de que el presidente Peña destituya a su abogado y nombre en su sitio a uno de los personajes de la terna. Cosas más difíciles ha logrado la ciudadanía en años recientes, a base de exigirlo masiva y consistentemente. Tenemos escasos 14 meses, de hoy a las próximas elecciones, para imponer ese procurador que, evidentemente, debiera continuar sus trabajos a lo largo de todo el sexenio de un nuevo presidente. No sé qué piense el lector, la lectora, a mí me importa más que exista ese procurador general de justicia, impuesto por los ciudadanos, que quien resulte el nuevo presidente y quienes los miembros del nuevo club de saqueadores del país. Un verdadero procurador de justicia representa un cambio de mayores consecuencias. Un #verdaderoprocuradordejusticia. Quien esto escribe y un grupo de amigos (más los que se agreguen al cabo de esta lectura) nos proponemos esparcir este hashtag por las redes. Este análisis se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017.