CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), organismo financiado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, el principal sindicato patronal del país), ha tenido iniciativas afortunadas y otras no tanto. Es el caso de su postura sobre la Fiscalía Anticorrupción. En un comunicado MCI señaló que van tres veces que las comisiones legislativas no envían a la Junta de Coordinación Política del Senado sus propuestas de titulares para esa fiscalía. Qué bueno que recuerden esa violación del estado de derecho. No es la primera vez que eso ocurre, y peor aún: ya se volvió un sello distintivo. El Senado predica, pero no practica. Ahora bien, ese atendible recordatorio se viene abajo –espero que por ignorancia y no por colusión– cuando dicho grupo “exige” que se permita la “participación ciudadana” en el proceso –es decir, que se abran las puertas a los integrantes de MCI. No sé por qué o cómo se proclaman representantes de la comunidad. No son –por lo menos– los míos, nunca voté por ellos ni les di una carta notarial para que me representen. Y me gustaría saber cuál es el fundamento legal de la “patente de representación comunitaria”. Me preocupan las exigencias concretas al Senado para designar al fiscal anticorrupción: a) transparencia y b) “participación social”, pero no de cualquiera, sino la de ellos o de quienes ellos avalen. El primer aspecto, la transparencia, es, por supuesto, un punto de partida, pero no un puerto de llegada. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo. La segunda parte hace las veces de un aval, y vale lo que valgan los miembros seleccionados, quienes –según ellos– representan a México. El problema es que los aspirantes deben ser seleccionados mediante un proceso transparente, y “la participación social” puede decir mucho o nada. En realidad es un acto de fe. Y los actos públicos no están para ser creídos, sino para comprobar que se ajusten a la ley y a la ética pública. Las exigencias son muy pobres. Creo, armado sólo con mi propia representación, que el proceso debería observar las siguientes “buenas prácticas”: 1. Practicar un examen de salud física y mental. Si este requisito no está en la normativa sí puede estar en las “exigencias de la sociedad”. Esto debería ser un acto de ponderación entre el legítimo derecho a la vida privada de los aspirantes –y los expedientes médicos lo son, en principio– y el interés público, que demanda que no haya un aspirante con un problema de salud tal que eso pueda influir en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Se acuerdan del sedicente gobernador de Michoacán Fausto Vallejo; del exsenador Alonso Lujambio, quien mostraba abiertamente su enfermedad; del secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa, quien mintió al decir que no estaba enfermo “sino perfecto, perfecto”, y falleció a las pocas semanas de cáncer; o, en el colmo de la corrupción, Manuel Camacho Solís, quien duró un año “firmando de asistencia” al Senado pero sin ir ni un día a la sede legislativa –en colusión con su partido y dicha cámara– porque estaba agonizando de cáncer? Todos ellos mintieron a la sociedad. ¿No creen los autoproclamados representantes de los mexicanos que se trata de un tema que debe atenderse? 2. La Secretaría de Marina o, en el peor de los casos, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) deben investigar los antecedentes de cada aspirante. Estos datos deben servir para crear reactivos personalizados para un test de integridad con polígrafo y EyeDetect. Ahí mismo pueden incluirse las preguntas de la “sociedad civil”. Estos exámenes tienen un margen de confiabilidad de más de 98%. Deben ser practicados por un tercero experto independiente, como la Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía, A.C., y validados por la American Polygraph Association, con el fin de garantizar su credibilidad, imparcialidad y calidad. Esto, como puede verse, sería un sistema mucho mejor que el juicio retórico y simulador del: “tiene buen currículum”, “se le ve la honestidad en sus palabras”, “hace buena química con los representantes ‘sociales’ y, por ende, debe ser honesto y puro o casi”. Estas son tonterías. Ahí no hay metodología científica, sino la técnica del “a ojo de buen cubero”. ¿Por qué los representantes de los mexicanos no explican a la sociedad las razones por las que no consideran conveniente que los aspirantes a fiscales se sometan a estos exámenes? ¿Por qué, en cambio, sí los realizan a sus altos directivos Coca Cola, American Express y otras empresas que forman parte de la Coparmex? ¿Por qué al fiscal le piden menos requisitos, aunque no sea un mandato legal, sino, como dicen, “una buena práctica”? 3. De la misma forma debe hacerse analizarse el vello corporal para detectar si los aspirantes han consumido drogas o han estado sujetos a tratamientos de enfermedades mentales que con el estrés puedan regresar. Este tipo de examen permite detectar el consumo con hasta dos años de antigüedad, por lo que es mucho mejor que el de orina. ¿Cómo MCI puede informar que esto no se requiere y que basta la “transparencia” como garantía de “pureza ética”? ¿No cree usted que algo deben decir nuestros egregios “representantes”, o ya “acordaron” por el bien de la patria hacerle al juego a la transparencia para que la corrupción siga intacta? l @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com Este análisis se publicó en la edición 2103 de la revista Proceso del 19 de febrero de 2017.