CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Es un hecho innegable que el cáncer fue la causa de la muerte de Rafael Tovar y de Teresa la semana pasada. De la misma forma se puede afirmar que quien fungía como secretario de Cultura violó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas al aceptar y seguir ocupando este puesto aun cuando conocía la gravedad de su padecimiento. Es evidente que no existe la figura de “cáncer fulminante”: se trata de una enfermedad que puede detectarse con antelación, y más en el caso de una persona como Tovar y de Teresa, que tuvo acceso a los servicios de salud del mayor nivel. Debe quedar claro que si bien es verdad que los datos relativos a la salud, como el expediente médico, forman parte del derecho a la vida privada, también lo es que hay un doble baremo, según se trate de un particular o de una persona pública, en este caso un alto servidor público. El gobernante debe tolerar la legítima intrusión en algunos aspectos de su privacidad cuando se trate de un asunto de interés público. Este es el caso de Tovar –al estar gravemente enfermo y no haber renunciado al cargo– por la simple razón de que le era materialmente imposible desempeñar su labor de secretario de Cultura en los términos establecidos en la citada ley. Los tratamientos contra el cáncer son en extremo invasivos –sus efectos colaterales afectan la salud física e impactan la mental–, por lo que impiden seguir una vida regular, más aún cuando la persona está sometida al estrés del servicio público, si éste se quiere hacer como lo ordena la ley. Todo indica que Tovar y de Teresa antepuso su interés personal sobre el interés de la comunidad, pues cobró su sueldo de funcionario como si fuese un hombre sano aunque trabajó teniendo una enfermedad terminal. La vida privada de un servidor público termina cuando hay causas legítimas para revelar información de interés público. No es una falta de respeto a su memoria señalar que Tovar y de Teresa incumplió la ley e incurrió con ello en actos de corrupción. Y es que las cosas no quedan ahí, pues además de no hacer pública su enfermedad mintió sobre su estado de salud. “Estoy perfecto, perfecto”, dijo al ser entrevistado al respecto en marzo de 2016, y lo ratificó de nuevo en agosto de este mismo año (eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/10/reaparece-tovar-y-de-teresa-tras-ausencia). Esas afirmaciones de Tovar y de Teresa, que resultaron falsas, significan una violación a la misma Ley de Responsabilidades; así que el funcionario no sólo no actuó con probidad, sino que mintió para evitar que se produjera su salida de la Secretaría de Cultura por su frágil estado de salud. Es decir, se aferró al puesto hasta el final sin haber pensado en el interés superior de la nación. Hay quienes afirman que Tovar y de Teresa fue un hombre de grandes luces para la vida cultural de México. Aun bajo este supuesto valorativo, eso no lo eximía de ceñirse a lo establecido en la Constitución y en la ley. Es más: el funcionario debió incluso observarla con mayor rigor porque –se supone– tuvo una cultura y un conocimiento superiores a los servidores públicos promedio, razón por la cual tenía una exigencia ética de la más amplia magnitud. De acuerdo con la Constitución y las leyes, nadie puede estar por encima del sistema legal, aunque tenga o haya tenido las grandes prendas profesionales y culturales que se le atribuyen a Tovar y de Teresa. Los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica prevalecen, como es lógico, sobre un gobernado o un gobernante. Si a Tovar y de Teresa se le reconocen esos méritos, la solución no hubiese sido violar la ley e incurrir en actos de corrupción, sino en aprobar, por ejemplo, una ley para su reconocimiento público nacional. En la simulación nuestra de cada día, la muerte hace las veces de amnistía psicológica, toda vez que la atención se centra en las virtudes de un personaje y voltea para otro lado cuando, al mismo tiempo, ese hecho, la muerte, evidencia severas infracciones normativas. No es la primera ocasión que en mis artículos publicados en Proceso abordo un aspecto como éste. Analicé el relativo a la precaria salud de quien fuera gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien no renunció al cargo y al que no se le concedió incapacidad o pensión por enfermedad aun cuando por muchos meses dejó de cumplir con sus funciones públicas mientras esa entidad se ahogaba en la narcopolítica, la corrupción y la violencia. Otro caso similar que analicé en este espacio fue el de Alonso Lujambio, el secretario de Educación Pública federal que, no obstante padecer una enfermedad terminal, tampoco renunció al cargo y no fue pensionado ni sustituido para evitar el vacío de conducción que hubo en esa importantísima y conflictiva dependencia del Ejecutivo durante la gestión simbólica de Lujambio. Insisto, como lo he hecho aquí en otras ocasiones: hay que establecer en la Constitución y en la ley una especie de 3de3 en materia de salud para quien aspire a un cargo público y que esa revisión se efectúe de manera periódica, puesto que la sociedad no solamente tiene derecho a contar con gobernantes razonablemente sanos física e intelectualmente, sino que no tiene por qué aportar de sus bolsillos sumas millonarias para pagar sueldos y prestaciones al ciento por ciento, así como gastos médicos y hospitalarios exorbitantes de funcionarios que, por lo demás, no cumplen mínimamente con las funciones para las que fueron designados. @evil5lanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com