A escasos tres meses de su segundo mandato, la presidenta Dilma Rousseff está contra las cuerdas: la economía de su país no levanta y el Congreso se opone a aprobar las reformas estructurales y los recortes al gasto público que ella propone; el persistente escándalo en la empresa estatal Petrobras embarra a más dirigentes de su partido, el de los Trabajadores; el nivel de aprobación a su gestión gubernamental está por los suelos y aumenta el número de personas que piden que el Congreso le inicie un juicio político…

eRÍO DE JANEIRO.- El pasado domingo 15 el sol pegaba duro sobre esta ciudad cuando unas 30 mil personas se dieron cita en la Avenida Atlántica para protestar en contra del gobierno de Dilma Rousseff.

La marcha fue replicada en 74 ciudades del país, incluida la capital, Sao Paulo, bastión de la oposición. Se estima que unos 2 millones de personas salieron a protestar durante esa jornada a la que llamaron el 15-M.

Aunque se trató de la mayor protesta política desde las marchas de junio de 2013, el cariz fue distinto. Si hace dos años las consignas tenían que ver con el transporte público o con una reforma política que acabara con herencias de la dictadura –como la militarización de la policía–, en el 15-M los manifestantes portaban pancartas en las que se pedía la dimisión de la presidenta Dilma Rousseff, ya sea de forma voluntaria o por medio de un juicio político en el Congreso.

En esta ocasión marcharon familias de clase media y alta de los barrios pudientes de la capital, asociaciones de masones e incluso algunos votantes de izquierda. Lo hicieron en un ambiente festivo en el que muchos iban vestidos con la playera de la selección brasileña. Algunos incluso instaban a una intervención militar en forma de golpe de Estado para acabar con 12 años de hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT).

“La derecha nos ha arrebatado la calle, un espacio político que la izquierda ganó con mucho esfuerzo”, explica a Proceso una activista que vivió desde dentro los movimientos sociales de 2013 y que se negó a participar en la jornada de protesta de hace dos semanas.

Pese a ser reelegida hace apenas cinco meses, Rousseff se encuentra en pleno torbellino de descrédito por los escándalos de corrupción que han involucrado a funcionarios de su gobierno y por el mal curso de la economía. La mandataria sufre una rápida pérdida de credibilidad que se manifiesta en elevados índices de desaprobación pública y en las maniobras del Poder Legislativo para entorpecer las reformas de su recién iniciado segundo mandato.

Un sondeo publicado el miércoles 18 por el reconocido Instituto Datafolha señala que 86% de los brasileños considera la gestión de la mandataria “mala” o “regular”, lo que supone que el rechazo popular a su gobierno es el mayor desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue obligado a dimitir por el Congreso a causa de escándalos de corrupción.

Pero la inconformidad no queda ahí: 59.7% de los encuestados en otro sondeo –esta vez realizado por el instituto MDA y publicado el lunes 23– apoya que el Congreso lleve a cabo un juicio político para forzar la dimisión de la jefa de Estado.

La dura realidad

¿Qué está sucediendo en Brasil para que una de las democracias más asentadas de América Latina y que mayor éxito socioeconómico ha cosechado en la última década se encuentre en esta situación?

“Los brasileños sienten los efectos de la crisis económica y de los ajustes fiscales llevados a cabo por el Ejecutivo, al tiempo que ven con gran rechazo el escándalo de corrupción de (la empresa petrolera estatal) Petrobras”, señala en entrevista telefónica con Proceso Thales Castro, profesor de la Universidad Católica de Pernambuco, estado del noreste de Brasil y uno de los baluartes electorales del PT.

“¿Por qué esto está sucediendo ahora? Yo opino que el año pasado fue de anestesia por la Copa del Mundo y las elecciones generales. No había un clima para que se celebraran manifestaciones. Pero ahora la dura realidad está aquí”, agrega.

Y pronostica un aumento en las manifestaciones que, según él, “puede desembocar en una situación de ingobernabilidad para el gobierno y eventualmente en un juicio político contra la presidenta, algo que por el momento es rechazado por la oposición política”, lo cual podría cambiar si el próximo 12 de abril –cuando está programada una nueva manifestación contra el gobierno– aumenta el número de personas en las calles.

Ante esta situación, el gobierno ha cometido errores de comunicación que han dejado en claro la existencia de desorganización y falta de unidad en los miembros del gabinete. En apenas seis días, entre el jueves 19 y el miércoles 25, los ministros de Educación y de Comunicación Social, Cid Gomes y Thomas Traumann, respectivamente, dimitieron como consecuencia de desencuentros dentro del Ejecutivo. En el caso de Traumann, su salida fue motivada por la filtración a la prensa de documentos internos en los que se admite el “caos político” que vive actualmente el gobierno.

Un “caos político” que se ha convertido en desconfianza respecto de la capacidad del gobierno de remendar las cuentas públicas y devolver a Brasil al rumbo de desarrollo, como refleja el hecho de que el real, la moneda brasileña, haya perdido aproximadamente 35% de su valor respecto del dólar en apenas un año. La depreciación se explica también por el auge internacional del dólar, pero a nadie escapa que la divisa brasileña es la que más ha caído respecto a sus pares del mundo en desarrollo, como la rupia, el peso mexicano o el yuan.

Guerra en el legislativo

En las elecciones de noviembre pasado el PT ganó por escaso margen: 3.5 millones y medio de votos, apenas 3% del total. Ello obligó a Rousseff a tejer una compleja maraña de acuerdos con otros partidos. Esta alianza corre el riesgo de saltar por los aires a causa de los desacuerdos en materia económica, acaso el asunto de más urgencia para la mayor potencia de América Latina. El máximo escollo para la gobernabilidad de la séptima economía del planeta se encuentra ahora mismo en el desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La elección a inicios de febrero de los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Ronan Calheiros, ya supuso una derrota política para la presidenta. La razón: pese a que ambos pertenecen a un partido aliado en la coalición de gobierno, el Movimiento Democrático Brasileño, ella había apoyado a miembros del PT para que ocuparan esos puestos.

En el Senado varios políticos del PT, como Paulo Paim, han amenazado con abandonar ese partido si el Ejecutivo promueve una reducción en el monto asignado a las prestaciones sociales, tal como lo pretende el ministro de Hacienda Joaquim Levy, para quien es indispensable un recorte de 30 millones de dólares al gasto público.

“Existe mucho descontento interno. Otros senadores también están reclamando. He decidido que si tengo que escoger entre votar contra el trabajador o contra el jubilado, prefiero irme a casa”, dijo el martes 24 al diario O Globo el parlamentario Paim, quien recibió la visita del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para tratar de calmar las aguas.

Sin embargo, contener un fuego no va a servir para apagar el incendio. El presidente del Congreso –investigado, por cierto, por su supuesta implicación en la trama de corrupción de Petrobras– ya subrayó que marcará la agenda política en función de lo que los parlamentarios decidan como prioridad para el país, y no lo que diga el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.

Así, están en tela de juicio la aprobación de los recortes económicos para sanear las cuentas y mantener la confianza de los mercados en momentos en que Brasil debe sufrir este año la segunda contracción consecutiva de su Producto Interno Bruto (PIB): de 0.5%, tras cerrar 2014 con una caída de 0.1%, según datos del Banco Central de Brasil publicados el jueves 26.

Por las atribuciones de los presidentes de las cámaras, en particular el Congreso, que permite manejar los tiempos en las agendas de votaciones, peligran otras iniciativas de corte político, como el paquete de medidas anticorrupción enviado por Rousseff al Congreso con toda solemnidad dos días después de las manifestaciones del 15-M.

“La tensión política aumenta en Brasilia y refleja la disputa intestina dentro de un gobierno sin rumbo ni liderazgo. La coalición gubernamental, artificialmente montada, se desmonta a ojos vistas sin que exista nadie que pueda dar un destino, un camino”, estima Merval Pereira, reputado filósofo y comentarista del diario O Globo. “Hay ejemplos de desencuentros por todos lados, y necesariamente la presidenta Dilma está en el centro de todos ellos”.

El “petrolazo”

Como telón de fondo de esta crisis de gobierno y del descontento social está sin duda la trama de desvío de dinero de la petrolera estatal Petrobras para financiar partidos políticos –entre ellos el PT, según la fiscalía brasileña– y para el enriquecimiento personal de intermediarios.

En Brasil lo llaman el “petrolao” (petrolazo), un término cargado de humor, quizá para rebajar la indignación popular a la hora de referirse a lo que la propia fiscalía general estima que es la mayor trama de corrupción de la historia del país.

Los periódicos publican a diario un nuevo acto de una tragedia en la que el PT parece estar en el centro de los focos. En especial después de que el lunes 23 la Justicia formalizó la imputación del tesorero de ese partido, João Vaccari Neto, por cometer supuestos delitos de blanqueo de dinero y corrupción.

Los investigadores, que se nutren de testimonios de implicados que aceptaron contar todo lo que saben a cambio de una rebaja de la pena, acusan a Vaccari de haber recibido 24 pagos por valor de 1.2 millones de dólares en concepto de propinas durante 18 meses, sumas que proceden de contratos sobrefacturados entre Petrobras y empresas constructoras y suministradoras de servicios. La fiscalía estima que entre 1% y 3% de los contratos firmados durante años por Petrobras iban a los bolsillos de varios partidos políticos, y queda por esclarecer si ese dinero fue utilizado ilícitamente para costear campañas políticas.

El número de imputados crece a diario y ya son 54 los políticos activos –entre ellos los presidentes de las cámaras legislativas y decenas de senadores y congresistas– investigados para esclarecer su implicación, mientras que en las próximas semanas podrían quedar involucrados gobernadores estatales.

Lo más grave es, sin duda, la erosión de la marca país, pues nadie olvida en Brasil que Petrobras supone nada menos que 5% del PIB.