MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para un sector importante de padres de familia, maestros y académicos, la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) como un organismo autónomo fue un respiro breve frente a la catástrofe, las malas prácticas y la corrupción descarada que se vive en el sistema educativo nacional.

La composición de su junta de gobierno con destacados y honorables investigadores educativos, sus primeros pronunciamientos, sus documentos programáticos y su primer informe diagnóstico daban la certeza de que se podría contar con un organismo fiable, independiente y crítico, frente a la aberración en marcha de poner en jaque al magisterio nacional y  hacer una reforma educativa de caricatura. Desafortunadamente, en pocos meses esta imagen de un INEE autónomo se ha desdibujado.

En su comunicado de constitución (mayo de 2013), el INEE presentó sus cuatro principios, en donde destacaban las determinaciones de garantizar el derecho a la educación y combatir la profunda inequidad social, educativa y cognitiva. Para entonces, así lo afirmaba: “…el instituto no dejará de insistir enfáticamente en que la diversidad y la desigualdad son fenómenos distintos: la desigualdad debe combatirse, la diversidad habrá que  alentarse”.

En su primer informe (2014), titulado El derecho a una educación de calidad, asume de forma profusa y bien documentada que las autoridades responsables no garantizan ni promueven el derecho a la educación, porque se mantiene y reproduce una profunda desigualdad e inequidad en el sistema escolar, sobre todo en las zonas rurales, entre los indígenas, las mujeres, los jóvenes de zonas marginales y, en general, los más pobres.

En este informe –el primero desde su integración formal–, el INEE señala: “Las personas y los grupos humanos son diversos. Cuando el sistema educativo propicia una oferta homogénea en contenido y forma, cuando además da menos a los que menos tienen, no sólo se obstaculiza el logro de aprendizaje útil para una vida digna, sino que se desaprovecha la riqueza que aporta la diversidad. La educación que se ofrezca debe identificar los aprendizajes que han de ser comunes a todos, pero a la vez garantizar la presencia de otros contenidos y formas de adquirirlos que se adapten a las diferencias entre grupos e individuos, a fin de promover la diversidad cultural y el desarrollo de las personas individuales”.

Pero en los pocos meses que lleva como “organismo autónomo” y como institución rectora de la evaluación de la calidad de la educación, lo que ha avanzado va en un sentido exactamente contrario, excluyendo, de sus organismos asesores y convergentes, precisamente a la población que representa a los más pobres, a los que más necesitan hacer oír su voz y sus propuestas.

Por ejemplo, en la formación del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (Conscee, conformado en marzo pasado), sólo una de las organizaciones incorporadas, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), integrada por investigadores educativos, expresa una composición diversa, porque los 11 miembros restantes representan intereses particulares o son grupos de presión bastante conservadores y ajenos al interés de una educación pública como derecho social.

Tales son los casos de la Coparmex, la Fundación para la Cultura del Maestro, A.C. (un organismo del SNTE),  Mexicanos Primero (de visión anti-magisterial y conservadora que representa también los intereses de Televisa), así como Servicios a la Juventud e Innovación y Asesoría Educativa, A.C.,  que, hasta donde se sabe, muy poco han contribuido a la educación con equidad y justicia en donde más se requiere. Ninguna organización de las que conforman este organismo representa a los más pobres, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes o a los marginados de la educación. Los “principios” del INEE, en la práctica, se volvieron bastante estrechos.

El otro paso para atrás del INEE se dio recientemente: está asentado en su convocatoria para crear el Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa (Conpee), que estará compuesto por nueve docentes y nueve directivos representantes de 18 entidades, elegidos por insaculación. Con ese método se abre la posibilidad de que las entidades de mayor marginación educativa, como Oaxaca, Chiapas, Morelos y Michoacán, queden fuera de este organismo consultivo, cuando debieron impulsarse acciones afirmativas que garantizaran, de forma explícita, la presencia de representantes de los más pobres y marginados de la educación y no la de miembros determinados por un juego de probabilidad poco igualitaria, que de ninguna manera garantiza, per se, la equidad.

Así, por lo pronto, los dos organismos consultivos más importantes del INEE están dejando fuera a las representaciones del magisterio disidente, de los sectores indígenas y rurales, de los jóvenes sin alternativas educativas, de los adultos desescolarizados, de las mujeres desplazadas de la escolaridad, y a todos los que no tienen la más mínima oportunidad de hacer valer su derecho  a la educación.

Por el contrario, se está privilegiando la representación de los empresarios, de los más ricos, de los grupos de presión de intereses particulares y del organismo más corrupto del sistema político mexicano, el SNTE. A ver cómo le hace el INEE para justificar que está trabajado para hacer valer sus inmarcesibles, pero ahora muy contradictorios, “principios” de organización “autónoma”, a favor de la diversidad y la equidad, más aún frente a la avalancha centralista y absolutista de la SEP.