MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para quienes viven de la educación, han de ser bastante rentables las frecuentes evaluaciones que se hacen, dado que producen, de manera copiosa y abundante, estudios, diagnósticos, censos e instrumentos que nunca sirven para resolver la ignorancia en que se encuentran millones de niños y jóvenes del país. Van décadas de evaluaciones, y ahora, en el año y medio del actual gobierno, se ha puesto como el motivo central de la política educativa evaluar todo el sistema. No han bastado la aplicación, año tras año, de pruebas como EXCALE, ENLACE o PISA, ni los diagnósticos del INEE o del reciente Censo Nacional Escolar, para que la SEP y el gobierno federal atiendan las deplorables condiciones en las que se encuentra el sistema educativo nacional. En el primer Informe de la Junta de Gobierno del “nuevo” INEE (29 de abril, 2014) vuelve a considerarse lo deficiente de la acción de las políticas gubernamentales en el sector y, de nueva cuenta, sus recomendaciones han sido recibidas (como las preguntas de Alfonso Cuarón sobre la reforma energética) como ideas inoportunas o insustanciales, cuando deberían ser asumidas de inmediato como propias por los responsables directos de la gobernabilidad del país para hacer algo al respecto. Los datos que presenta el INEE son contundentes: los avances habidos durante décadas son verdaderamente modestos y soterrados, pero han reproducido un sistema educativo desigual, inequitativo y excluyente. Esta condición socialmente brutal se concentra, de acuerdo con las cifras proporcionadas en dicho informe, en los niños de tres y cinco años y en los jóvenes de 13 a 17, años, quienes enfrentan las inadecuaciones del sistema para ampliar sus niveles de acceso, lograr permanecer en éste, aprender los conocimientos básicos por cada nivel y lograr trayectorias académicas medianamente regulares. El incumplimiento del derecho universal a recibir una educación buena para todos y de calidad, debiera ser causal de obligaciones, y cuando esto no pueda asegurarse, también tendría que derivar en sanciones legales severas. No obstante que los funcionarios públicos no han podido garantizar este derecho, ello no ha tenido ninguna consecuencia, como si no fuera grave, gravísima su actuación irresponsable. A los datos que proporciona el INEE pueden agregarse los del informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de México, sobre la pobreza de los niños y jóvenes. Otra evaluación más sin sentido práctico, a pesar de ser verdaderamente estrujante: hay más miseria, desarraigo, ignorancia y falta de educación entre niños y jóvenes que en la población en su conjunto. Ellos son los que más la padecen, cuando debieran ser los mejor atendidos y los más arropados y queridos. Más de 21 millones de ellos se encuentran en situación de pobreza, y cerca de 25% del total carece de posibilidades sociales y educativas para salir adelante en su vida cotidiana. La mitad de todos los menores de 17 años vive, en México, en una condición de pobreza. Así pues, estamos llenos de diagnósticos, cifras, evaluaciones, y se conocen indicadores abundantes y terribles sobre las carencias de millones de niños y jóvenes, y nada se hace. También estamos llenos de leyes, normas y amenazas de sanciones por incumplimientos de la Constitución, pero no por las faltas que cometen los funcionarios que no hacen gran cosa para garantizar el fundamental derecho educativo. Además, llama poderosamente la atención que en el Primer Informe del INEE no haya una sola mención sobre la situación del magisterio nacional, sus condiciones de trabajo y desempeño, o respecto de la inequidad en el sector. Tampoco nada sobre el sindicato magisterial oficial (el SNTE) y su labor de zapa para que la falta de equidad educativa se haya reproducido desde hace muchos años. ¿No es raro que, aun cuando la SEP ha considerado (de manera equivocada) que la baja calidad del sistema educativo está en el magisterio y que esto se resolverá con más evaluaciones, el INEE no lo mencione como factor de incidencia ni aparezca nunca en sus recomendaciones? ¿Para qué sirven tantas evaluaciones que no se pronuncian sobre lo trascendental o se hacen de la vista gorda respecto de los resultados que se obtienen, en el marco de un tremendo conflicto nacional? A ver quién responde sobre este absurdo, que poco importaría si no fuera porque en medio de esa enredadera están millones de ciudadanos que esperan acciones eficaces desde esa realidad que viven de forma descarnada.