MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante la celebración del 70 aniversario del SNTE, bajo la batuta de los herederos directos de Elba Esther Gordillo, se dijeron muchas mentiras en el discurso apresurado de su presidente, Juan Díaz de la Torre. En el mismo evento, el secretario de Educación emitió otras tantas, apoyando la alianza sindicato-gobierno que hace un año se criticaba para “recuperar la rectoría del Estado”. El presidente del sindicato afirmó que éste vive una nueva etapa organizativa, que es el “más transparente que existe en el país” y que la educación está en vías de una profunda transformación. Por su parte, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, aseguró que la reforma al artículo 73 de la Constitución mejorará las condiciones de enseñanza y capacitación de los docentes y no atentará contra ninguna conquista laboral ni sindical. Nada apunta a que así sea, pues en los hechos se está trabajando, precisamente, en sentido contrario. Contra la aseveración de que el SNTE está en vías de democratizarse, basta ver que la rebeldía magisterial aumenta y que se preparan manifestaciones aún más radicales y masivas que las del año pasado para oponerse a las medidas que quieren imponer juntos el SNTE y la SEP con el fin de asegurar el control de las plazas docentes a nivel nacional. En tal sentido, hay que percatarse del nivel de malestar que se registra en los estados con mayor organización magisterial, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Michoacán o el Distrito Federal, sobre todo por los acuerdos que están asumiendo, a regañadientes o no, los gobiernos locales con el federal. Así, debe considerarse lo que ocurrirá cuando, a partir de julio, empiecen a aplicarse las evaluaciones de la SEP y del INEE, que nada tienen que ver con una reforma educativa. De acuerdo con los “Lineamientos Generales” para aplicar la evaluación del ingreso al “servicio profesional docente” y para la promoción a cargos directivos, emitidos recientemente por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 8/01/2014), se pone en manos de la SEP la centralidad en la toma de decisiones respecto de la formulación y aplicación de los criterios de evaluación, dejando en un papel de segundo plano a los gobiernos de los estados (que con la descentralización de 1993 adquirieron un conjunto de atribuciones para regular y manejar partes de su sistema educativo), e imponiendo una autoridad muy por encima de las condiciones y del contexto laboral de la gran mayoría de los trabajadores del sector. La afectación de los derechos adquiridos y la imposibilidad de poder construir criterios de evaluación académica desde el contexto de su aplicación, son ahora una realidad, echando por tierra todas las recomendaciones formuladas por expertos, investigadores y por los mismos profesores, que hubieran permitido dotar a las escuelas de una verdadera autonomía, propiciar la innovación, la actualización del magisterio y su mismo desarrollo como agrupamiento profesional y social que lo dignificara ante la sociedad. Los foros previstos para la “revisión del modelo educativo”, simple y llanamente quedarán como letra muerta, como ocurrió con los organizados entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación a mediados del año pasado. Más atole con el dedo. Tan es así que, en lugar de esperar a ver resultados pretendidamente “vinculantes”, la SEP tiene el camino andado y la estrategia definida. En el documento correspondiente, la secretaría determinará perfiles, formulará parámetros e indicadores de evaluación, y contará con aplicadores y personal a su servicio para tales fines. Los funcionarios y autoridades locales se convirtieron en empleados de la SEP, porque serán ellos quienes apliquen las pruebas y concursos y tendrán que sujetarse a las convocatorias que emita la dependencia federal, a través de las cuales se establecerán tipos de plazas, etapas, métodos e instrumentos, requisitos, fechas, guías de estudio, bibliografía, procedimientos de calificación y hasta la “forma en que se publicarán los resultados”, así como “otros elementos que la secretaría estime pertinentes”. (“Lineamientos Generales”, capítulo II, artículo octavo.) Habrá una sola fecha de aplicación de los concursos (12 de julio) para cubrir todas las plazas existentes, las de nueva creación, así como las “vacantes definitivas y temporales”. La calificación que se obtenga también será controlada por la SEP, que establecerá una “lista de prelación” por entidad federativa y supervisará su administración. ¿Y el INEE? Sólo “observará” y “validará”. Se trata de un regreso a los años 90, de un tope a lo que quedó como intento de descentralizar la educación, y de un paso atrás que va a complicar y enredar aún más la pretensión de asegurar la calidad de los aprendizajes y de construir condiciones para fortalecer las escuelas, sus prácticas y sus resultados.