MÉXICO, D.F. (Proceso).- En torno de la prueba ENLACE se plantean, como preguntas, cuatro opciones: a) ¿será suspendida hasta nuevo aviso? b) ¿volverá a aplicarse porque es el mejor instrumento que se conoce para entender lo que pasa en la educación?; c) ¿se venderá a alumnos y profesores para que sepan lo que cuesta resolver una prueba de opción múltiple, porque sólo cuando algo se paga mejora la calidad de las escuelas?; o, d) ¿será reconsiderada dentro de una nueva generación de pruebas ultramodernas y de alta eficacia, para volver a saber lo que ya se sabe sobre el sistema educativo? Respuesta correcta al final. La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) fue organizada por primera vez en 2006, bajo la forma de un examen estándar nacional (con preguntas cerradas de opciones múltiples, como las de arriba), bajo la responsabilidad directa y única de la SEP. En su primera versión se trataba de una prueba general para los estudiantes de 3º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria, para evaluar su desempeño en español y matemáticas. A partir de 2008 se agregaron preguntas de ciencias, en 2009 de civismo, en 2010 de historia, y en 2011 de geografía. El objetivo era contar con información de tipo censal para establecer políticas de mejoramiento en el desempeño de alumnos y profesores y para mejorar la calidad del aprendizaje. La prueba estuvo a cargo, durante todos estos años, de la Secretaría de Educación Pública en los periodos de Reyes Tamez y de Vázquez Mota, pero con los dos bajo el mando del yerno de Elba Esther Gordillo y del equipo de poder de ésta (la etapa de Alonso Lujambio fue efímera). Los resultados de la ENLACE no aportaron indicadores ni datos nuevos más allá de lo que ya se conocía; esto es, el bajísimo desempeño y calificación de los alumnos en las materias referidas; pero lo más grave comenzó cuando sus resultados se orientaron a degradar la labor de los docentes, a establecer una suerte de ranking entre las escuelas públicas (de bajo desempeño) frente a las privadas (siempre privilegiadas), a obligar a mejorar los resultados con prebendas e incentivos para maestros y escuelas; y al conocerse que ya existía un mercado ilícito de las pruebas al venderlas antes de su aplicación, quedó claro que se construían de manera artificiosa mejoras académicas, y que se hacía de la evaluación una simulación. Lo que debía ser un instrumento se volvió un fin en sí mismo. Fue tal el escándalo que el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, consideró que la prueba no debería volverse a aplicar hasta que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la revisara y la enmendara. El respingo de algunos grupos empresariales que ven dicha evaluación como un negocio y un beneficio para sus intereses particulares, apoyándose en los documentos del vendedor más grande de pruebas escolares a nivel mundial, la OCDE, consistió en protestar airadamente por la suspensión y en exigir que vuelva a aplicarse, con todo y las evidencias del caso. Pero como la bolita la SEP se la pasó al INEE, ahora este organismo afirma que la ENLACE volverá a aplicarse, pero con metodologías de “nueva generación”, aunque no se ha dicho cuáles son éstas ni qué beneficios tendrán las mismas a diferencia de las “antigüitas”. Lo importante es que la SEP no ha podido señalar a los responsables de esa aplicación sesgada, punitiva, corrupta de la evaluación, y no ha podido decir nada para evaluar lo que no fue evaluado, pero que se tradujo en indicadores de degradación para el magisterio y para miles de escuelas, sobre todo públicas. Lo peor es que se ha realizado una reforma constitucional para asegurar que ésta degradación se perpetúe ahora en contra de las plazas laborales de los profesores, con más pruebas, pero ahora de factura más “moderna”. Es la ambigüedad de una política que se busca imponer con lumbreras y acciones mediáticas desde la administración federal, que se la pasa diciendo qué se va a hacer sin hacer nada. Esto pasa ahora en Michoacán, como si la emergencia de ese estado no fuera comparable con lo que ocurre en una docena de otras entidades, porque está probado que con más becas, con mejoras de fachada en las escuelas, con recursos cuantiosos que luego no se sabe qué fin tuvieron ni a cuántos bolsillos engordaron, no se mejora la educación ni se reconstruye el tejido social cotidiano. De allí la incredulidad o el abierto rechazo con el que se ven las medidas que pregona el actual gobierno. Entre las vaguedades se esconde un fin último, y no es precisamente el de mejorar la educación en ningún lado.