Tras su muy sentido fallecimiento, ocurrido el 16 de octubre de 2011, Miguel Ángel Granados Chapa nos legó un invaluable cúmulo de análisis críticos, rigurosamente documentados, acerca de los poderes fácticos y sus mecánicas torcidas. Colaborador fundamental de Proceso a través de su Interés Público, el periodista escribió en noviembre de 2009 el artículo que reproducimos a continuación, en el cual revelaba un circuito de componendas entre priistas y panistas. Un personaje llamó su atención entonces, el diputado Luis Videgaray actual secretario de Hacienda, por su singular manera de especular políticamente con los dineros públicos…   MÉXICO, D.F. (Proceso).- Entre el momento en que se escriben estas líneas y el que las tenga el lector en sus manos transcurren las horas decisivas para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Tras lo ocurrido con la Ley de Ingresos no cabe lugar para la esperanza ciudadana. Con la mayor insolencia, los poderes fácticos mostraron su capacidad para controlar al Congreso. Cuando una Cámara fallaba, se operaban los mecanismos correctivos necesarios, y el resultado final fue el delineado con anticipación. Por eso resultó lo que resultó… Entre los poderes fácticos, como suele llamarse a los grandes consorcios, que no se limitan a cabildear, sino que cuentan con su propia representación parlamentaria, directa, incluyo a los gobernadores. Aunque son titulares de un poder, de carácter local, en la aprobación de los instrumentos que rigen las finanzas públicas actúan como factores de presión, ejercen poder de hecho, más allá del que les confieren las leyes. Actuaron con eficacia a la hora de establecer los montos de dinero que recaudará el gobierno federal, y en los últimos días se les ha visto en San Lázaro buscando la traducción de ese esfuerzo al plan de gastos, donde esperan contar no sólo con los ingresos participables que ya consiguieron, sino con partidas específicas para sus administraciones. Siempre necesitados de dinero, los gobernadores de las entidades donde hubo elecciones el año pasado lo reclaman premiosamente, pues de su volumen depende en amplia medida la conservación del gobierno para su partido. Cuando mucho, en el régimen del autoritarismo priista los gobernadores eran virreyes cuando no simples empleados del presidente, quien podía ponerlos y quitarlos a voluntad, salvo excepciones que confirman la regla. Con la alternancia –falsa alternancia porque en realidad sólo hubo nuevas siglas en el poder–, los titulares del Poder Ejecutivo local pasaron a ser reyezuelos. Como tales se comportaron ante los diputados. Primero muy formales, acudían a la Comisión de Presupuesto, encabezada por el representante de uno de ellos (Luis Videgaray, personero de Enrique Peña Nieto), y luego se dedicaban al jolgorio, ya sea en las oficinas de la coordinación partidista, ya en los patios, corredores y jardines del Palacio Legislativo, donde pequeñas multitudes, acaso acarreadas, los cortejaban y aplaudían, para culminar la jornada bajo elegantes carpas disfrutando de viandas suculentas, menos ciertamente que las servidas en sus propias y pantagruélicas reuniones en sus sedes de gobierno. Como hicieron al preparar los dictámenes de la Ley de Ingresos, las bancadas del PAN y el PRI llegarán a un acuerdo y sobre la marcha dirimirán las desavenencias que acaso surjan pero que son resolubles. Con mayor desdén que en la etapa previa, marginarán a los partidos restantes, incluido el PRD que, por el bajo número de sus triunfos del 5 de julio, suele ser incluido entre los partidos chicos, condenado por eso a no ser oído. Alejandro Encinas tuvo que derramar un sarcasmo amargo cuando pidió a priistas y blanquiazules que por favor lo invitaran a su Cámara de Diputados, a él, que encabeza el grupo del partido que obtuvo 12% de la votación y casi la misma proporción de legisladores en San Lázaro. Los restantes partidos, menores aún, ni se quejan: el Verde porque gana sin entrometerse, por su alianza con el PRI y por el poderío que le da ser cobertura de la mayor parte de la telebancada, y los demás porque no cuentan nunca. El PRI y el PAN, autores hipócritas del gran atraco que es la Ley de Ingresos –lo es por lo que esquilma a la población empobrecida y por lo que regala a la élite enriquecida–, que además mostraron mezquindad y renuencia al pretender cargar al otro la paternidad del engendro fiscal, procederán de la misma guisa a la hora de asignar el dinero que extraerán de los raídos bolsillos de la gran masa de contribuyentes y no de las elegantes carteras de piel importada. Repartirán el pastel desatendiendo específicos reclamos ciudadanos. Uno de los más clamorosos, desarrollado con las dos palabras de su consigna principal (que da título a esta columna), fue expuesto con insistencia e ingenio pero desoído por los legisladores. ¡Ya bájenle!, exigieron varias agrupaciones civiles. Se referían al gasto electoral, al financiamiento de los partidos. No se les escuchó, y los agrupamientos políticos seguirán gozando de partidas crecientes, servidas a partir de una legislación a modo que, dijeron, era necesario reformar para hacer legal la disminución demandada por los ciudadanos. Pero, aprobado el presupuesto, aún hay modo de que los partidos “le bajen”. Si no fueron capaces de hacerlo de modo formal, se me dirá, menos procederán voluntariamente, y por lo tanto es candoroso plantear alguna modalidad que redunde en bien de la sociedad (y de paso elimine o aminore uno de los motivos de las querellas internas en no pocos partidos). De varios modos los partidos pueden gastar menos dinero del autorizado o canalizar el que ponga a su disposición el IFE hacia tareas o propósitos que revelen una gana de sintonizarse con la sociedad, que canjeará esa disposición por votos en las próximas elecciones locales, abundantes el año próximo. Dicho de otra manera, los ciudadanos pueden presionar a los partidos si son ahora ellos los que prometen, y cumplen, es decir, si ofrecen sus votos a los partidos que renuncien voluntariamente a por lo menos una cuarta parte de sus ingresos formales. En 1996, cuando por primera vez se financió con grandes sumas a los partidos, para compensar la disminución de recursos que afectaría a un PRI que dejaría de ser patrocinado subrepticiamente por el gobierno, el PAN y el PRD reaccionaron de un modo que podría reproducirse ahora. Dirigían esos partidos dos jóvenes políticos a los que el destino enfrentaría en 2006 y hasta el fin de sus días: Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Ambos convinieron entonces en no aprovechar para sí la bonanza en que de pronto se encontraron. El PAN resolvió devolver algunas de las ministraciones que el IFE le otorgaba. Y el PRD, aunque las recibió todas, destinó su monto a tres propósitos: editar libros gratuitos para la secundaria que la Secretaría de Educación Pública objetó con razón porque ostentaban el nombre del partido donante, lo que los convertía en objetos de propaganda; asistir a las viudas y deudos en general de las víctimas del salinismo en Guerrero y Michoacán; y ayudar a sobrevivir a los migrantes que no podían cruzar a Estados Unidos y se quedaban varados en la frontera. Procedimientos semejantes y fines análogos podrían plantearse ahora esos mismos y otros partidos, el PRI incluido, que no puede alegar que necesita el dinero para sus campañas, ya que es notorio el retorno de las viejas prácticas que lo financian desde los gobiernos bajo su control. Que lo hagan no por altruismo sino por conveniencia, para que los ciudadanos sufraguen por los que dejen de abusar del erario y comprueben cómo lo hacen. Es un canje ventajoso. Propongo que lo planteen las organizaciones que promovieron el “¡Ya bájenle!”. Veremos que así pueden lograr su objetivo.