CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En caso de aprobarse la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió esta tarde a la Cámara de Diputados, los partidos políticos, precandidatos y candidatos tendrán que enviar a diario un reporte financiero detallado al Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual indicarán ingresos, egresos y “demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguro y fianzas, la compra o venta de bienes y demás activos”. 

Esta información “tendrá carácter confidencial y será reservada solo para su uso en los procedimientos legales de fiscalización”, precisó el texto de la iniciativa, elaborada por la Comisión Presidencial que estuvo dirigida por Pablo Gómez Álvarez, la cual prohíbe también el financiamiento de campañas con dinero en efectivo. 

La reforma contempla una serie de modificaciones a la Constitución e incluye los puntos más controversiales, que han sido rechazados por los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), los dos partidos aliados de Morena, incluyendo el recorte a los recursos públicos entregados a los partidos políticos. 

Así, si la reforma hubiera entrado en vigor en 2025, los seis partidos políticos nacionales –Morena, PVEM, PT, PRI, PAN y MC-- se habrían repartido una bolsa de 5 mil 707 millones de pesos de recursos públicos, un monto mil 882 millones de pesos menor al que recibieron ese año; de esa suma, cada partido habría recibido 285 millones de pesos –94 millones de pesos menos que los que tuvieron--, y Morena se habría llevado la mayor parte de los 4 mil millones de pesos restantes. 

La iniciativa de reforma también contempla la eliminación de 32 plurinominales en el Senado, y plantea una reingeniería en la definición de las 200 diputaciones plurinominales en San Lázaro. En este nuevo método, que elimina las listas regionales –a través de las cuales las cúpulas de los partidos suelen repartirse los cargos legislativos, con sueldos y fuero--, contempla que 100 plurinominales se distribuirán entre los candidatos que no ganaron en sus distritos, pero obtuvieron los mejores resultados, y otros 100 se elegirán por votación directa en cinco circunscripciones regionales.  

El texto ofrece un mayor espacio a las consultas, como la consulta sobre revocación de mandato, que suelen tener un escaso interés ciudadano. El texto abre la posibilidad de votar por Internet en estos comicios, y autoriza a los “representantes de los Poderes de los tres órdenes de gobierno” –es decir, cualquier servidor público, incluyendo jueces—a promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa.