CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien forma parte del bloque minoritario al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise si las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf incurrieron en actos anticipados de campaña y empleo de propaganda gubernamental personalizada a través de sus actos públicos y mensajes en redes sociales. 

Para aprobarse, este proyecto de resolución tendrá que ser avalado por los tres magistrados del bloque mayoritario de la Sala Superior del TEPJF, quienes suelen rechazar las propuestas políticamente sensibles de Rodríguez Mondragón, pues se les identifica por su cercanía con Morena y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.  

En este caso, además, el proyecto de Rodríguez podría afectar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien podría ser sancionada en caso de determinarse que incurrió en actos anticipados de campaña. La misma ministra Esquivel contrató como “asesor” a Eligio Soto López, el padre de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es presidenta del TEPJF y encabeza del bloque mayoritario en la Sala Superior, hostil a Rodríguez. 

El proyecto de resolución de Rodríguez remonta a una decisión polémica: en enero pasado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE recibió una denuncia sobre 99 publicaciones que las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subieron en sus redes sociales entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre de 2024.  

Dado que las tres ministras afines a Morena se postularon a las elecciones judiciales para permanecer en el máximo tribunal de justicia del país, los denunciantes –dos abogados– las acusaron de realizar actos anticipados de campaña, pues sus publicaciones presumieron su participación en actos públicos o en informes de labores de políticos de Morena. 

La UTCE del INE, organismo dependiente de la Secretaría Ejecutiva, decidió desechar la denuncia y no abrir una investigación que pudiera desembocar en un procedimiento especial sancionado. En su resolución del pasado 23 de enero, la instancia aseveró que, “de forma evidente”, las publicaciones de las ministras “no pueden actualizar una infracción a la normativa electoral”. 

La UTCE estimó que, en sus publicaciones, las ministras no llamaban explícitamente a votar por ellas, ni hacen posicionamientos indebidos; sostuvo que su manifestación de aspirar a los cargos de elección no constituye una conducta prohibida, y rechazó que hayan incurrido en el uso de propaganda gubernamental personalizada. Los denunciantes impugnaron la decisión de la UTCE, pues estimaron que la unidad no investigó ni presentó “razones de fondo”. 

En el organigrama del INE, la Secretaría Ejecutiva del INE responde al Consejo General del INE, organismo presidido por Guadalupe Taddei Zavala quien, a su vez, tuvo a un hijo contratado en la ponencia de la ministra Esquivel, aunque su nombramiento fue cancelado. 

En su proyecto, Rodríguez plantea que el TEPJF ordene a la UTCE admitir la queja y abrir una investigación sobre las publicaciones de las ministras para determinar, de manera justificada, si las ahora candidatas a permanecer en la SCJN incurrieron en actos anticipados de campaña y si incurrieron en propaganda gubernamental personalizada.  

Aunque Rodríguez dio a conocer su proyecto de resolución en la mañana de este miércoles, el texto no entró en discusión de la Sala Superior, por lo que su suerte será determinada en una sesión posterior.