CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional alertó sobre “la demolición total del derecho al asilo” en la frontera entre México y Estados Unidos como resultado de la política anti migrante del gobierno de Donald Trump, generando “una zona abiertamente hostil” para las personas que buscan refugio. 

En el informe “Vidas en el limbo: Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo” la organización internacional hizo un primer balance de la crisis humanitaria que se desarrolla en la frontera norte de México, y recomendó al gobierno de Claudia Sheinbaum “que deje de colaborar con las nocivas políticas de Estados Unidos sobre inmigración y aplique de inmediato medidas para garantizar la seguridad y protección de las personas solicitantes de asilo en tránsito por México”. 

Las primeras conclusiones de Amnistía surgieron tras realizar una visita a Tijuana, Baja California, entre el 3 y 9 de febrero, visitó albergues de migrantes donde entrevistó a 35 personas procedentes de Bielorrusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras, México, Rusia y Venezuela, así como a dos mexicanos que habían sido deportados de Estados Unidos a México. 

Para hacer la primera evaluación de los efectos de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, la organización también entrevistó a personal de organizaciones locales e internacionales que trabajan en Tijuana con personas migrantes, en tanto que Amnistía intentó sin éxito llevar a cabo reuniones de trabajo con la Oficina de Aduanas y Protección (CBP, por sus siglas en inglés) y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y visitar el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego. 

En “Vidas en el Limbo”, Amnistía destacó que la invalidación de la aplicación informática CBP One para solicitar asilo, “ha dejado a decenas de miles de personas atrapadas en México sin un lugar a donde ir; incluso niños y niñas no acompañados están atrapaos y no tienen forma de buscar seguridad”, expuestos a “una situación e riesgo y precariedad en el lado sur de la frontera.

La directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos consideró que “la administración Trump ha convertido la frontera de México y Estados Unidos en una zona abiertamente hostil para los derechos humanos y muestra un desprecio absoluto por la humanidad y la dignidad de las personas en movimiento”.

Agregó que, en la investigación, se pudo confirmar que “el derecho a solicitar asilo simplemente no existe en la frontera, y las personas en situación de vulnerabilidad están atrapadas junto con las organizaciones que trabajan allí -que, a su vez, ahora pueden ser objeto de represalias y criminalización a manos del gobierno estadunidense- y que lucha por evitar un desastre humanitario mayor”. 

Amnistía Internacional recordó que Trump ordenó el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por todo el país y desmanteló el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, anuló derechos consagrados en la constitución estadunidense -como la ciudadanía por nacimiento—y anunció otras medidas cimentadas en el racismo y la supremacía blanca”. 

La situación para los migrantes se ha agravado con la declaración de “emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México”, que autoriza el incremento de la presencia militar estadunidense con mil 500 militares adicionales en a frontera con México, así como el despliegue de helicópteros y de analistas de inteligencia, “lo que supone un aumento desde el 20 de enero del 60% de los efectivos en servicio en la frontera”. 

En respuesta a las amenazas arancelarias de Trump, México y Canadá aumentaron la presencia de personal de seguridad en sus fronteras con Estaos Unidos, México envió a 10 mil agentes de la Guardia Nacional a su frontera norte, y Canadá envió mayor personal y destinó mil 300 millones de dólares canadienses para reforzar la seguridad fronteriza. 

“A Amnistía Internacional le preocupa enormemente el aumento de la militarización tanto en la frontera norte como en la frontera sur de Estaos Unidos, así como el uso de fuerzas militares en las operaciones de control de la migración dado su enfoque centrado en la seguridad y el riesgo de violaciones de derechos humanos, incluido en el perfil del personal militar y su  falta de capacitación y aptitudes para responder adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad y de necesidad de protección internacional”, advirtió la organización internacional. 

A las medidas anti migrantes, Amnistía alertó que la cancelación del programa de ayuda humanitaria el Departamento de Estado, USAID ha trastocado a las organizaciones y refugios para migrantes que recibían apoyo económico del gobierno estadunidense, programa que en e año fiscal 2023 desembolsó en ayuda humanitaria para Latinoamérica y el Caribe más de 2 mil millones de dólares.

“Algunos albergues mencionaron que la pérdida del financiamiento a organizaciones internacionales les ha impactado directamente pues ya no están recibiendo algunos apoyos, como el alimentario, que recibían cada me, o bien apoyos en servicios como internet, telefónico, electrodomésticos, infraestructura, combustible y de medidas de seguridad. Otras organizaciones cancelaron actividades que hacían en los albergues, como da asesorías jurídicas o realizar actividades lúdicas con niños, niñas y adolescentes. También han cancelado apoyos económicos que se daban directamente a personas refugiadas”, contó Amnistía en su informe.