CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores de Morena y aliados aprobaron la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos con la que pretenden que la federación tenga recursos totales por 9 billones 302 mil millones de pesos.

Se pretende que los ingresos totales del Gobierno Federal por impuestos seán 5 billones 297 mil 812 millones de pesos, de ingresos derivados de financiamientos un billón 246 mil 366 millones de pesos; de cuotas y aportaciones de seguridad social, 603 mil 077 millones de pesos; contribuciones de mejoras 38 millones de pesos; derechos, 137 mil 500 millones de pesos; productos, 13 mil 707 millones de pesos y aprovechamientos, 223 mil 166 millones de pesos.

También busca tener ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, un billón 500 mil 579 millones de pesos; de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, 279 mil 766 millones de pesos, y por ingresos derivados de financiamiento, un billón 246 mil 366 millones de pesos.

La reforma de Ley de Ingresos fue avalada por 84 votos a favor y 36 en contra.

Los legisladores de oposición afirmaron que no votarían a favor de la reforma ya que son estimaciones ficticias que no se cumplirán con lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, resaltó que la Ley de Ingresos es ficticia, porque sobreestima cálculos y subestima a otros.

“Por ejemplo, sobreestima el porcentaje de crecimiento que va a tener el país y los distintos cálculos que hacen financieras internacionales, calificadoras, nos dicen que si al cabo será de 1.1 por ciento, ¿en base a qué lo calculan?”, argumentó.

Por su parte, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, puntualizó que el paquete económico está fuera de la realidad por factores internos y externos del país.

“De acuerdo con sus estimaciones, el Gobierno espera el que los ingresos tributarios van a crecer en un 3.3%, lo cual no resulta realista, tomando en cuenta la desaceleración económica en nuestro país y la previsión de un menor crecimiento en la economía de los Estados Unidos”, subrayó.

La senadora del PT, Lizeth Sánchez, resaltó que la ley de ingresos no responde a los intereses de las élites, sino al bienestar del pueblo de México, y representa un compromiso firme con la justicia social y el desarrollo inclusivo que la oposición jamás priorizó.

LEY DE DERECHOS

La reforma aprobada de Ley de Derechos busca actualizar las cuotas en los servicios migratorios, en materia de inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Entre otros puntos, la reforma obligará a los pasajeros de cruceros a pagar una cuota de 42 dólares a su llegada a los puertos del país.

También modifica las cuotas por el acceso a las Áreas Naturales Protegidas; precisa que se dará certeza jurídica para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar.

Los legisladores aprobaron la iniciativa por 80 votos a favor y 37 en contra; se presentaron reservas por ambas reformas de los senadores de oposición; sin embargo, ninguna fue aprobada.

Durante los posicionamientos, los legisladores de oposición resaltaron que el incremento a algunas industrias afectará directamente a la población. Además, cuestionaron a dónde van los recursos.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, dijo que el dictamen en la Ley Federal de Derechos del 2025 refleja un modelo fiscal que castiga a sectores productivos y recauda de manera desproporcionada para sostener proyectos costosos y sin rendición de cuentas.

“En el caso de turismo de cruceros, por ejemplo, el aumento posicionará a México como uno de los destinos más caros de todo el Caribe, con un costo 213 % superior al promedio de toda la región. El resultado, miles de familias que dependen de esta industria, particularmente estados como Quintana Roo, en donde dicha industria representa el 40 por ciento de su Producto Interno Bruto, se verán gravemente afectadas”, detalló.

Por su parte, la senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano, consideró que a los empresarios no les perdonan ni un centavo y ni siquiera viene un incentivo fiscal.

“A ver, ¿a dónde se está invirtiendo el dinero de los mexicanos? ¿Será en salud?”, cuestionó.

Por otro lado, el senador del PVEM, Waldo Fernández, afirmó que con esta reforma el Estado mexicano obtendrá los recursos necesarios para atender las demandas de su población y, de manera clave, tendrá que asegurar la recaudación de estos recursos para que sean más progresivos y eficientes y luego redistribuir de manera equitativa.

La reforma pasará a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, para que promulgue la norma y entre en vigor el próximo 2025.