CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su segunda entrega de informes sobre la Cuenta Pública 2023, correspondiente al penúltimo año de mandato de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró presuntas irregularidades por 2 mil 472 millones de pesos en el gobierno federal –principalmente en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-- y determinó 5 mil 736 millones de pesos por aclarar en el uso de recursos federales por parte de gobiernos estatales y municipales.

En esta segunda entrega, los auditores encontraron irregularidades por 8 mil 209 millones de pesos --un monto equivalente a apenas el 0.5% del billón 508 mil millones de pesos que revisaron--, de los cuales mil 539 millones de pesos provinieron de las dos empresas productivas del Estado. En esta ocasión, los auditores informaron que recuperaron 606 millones 987 mil pesos, es decir, el 0.04% de los recursos auditados.

El informe general publicado el miércoles muestra que, de manera poco verosímil, el equipo de la ASF no determinó ningún peso mal gastado en decenas de auditorías: no aparece un solo centavo por recuperar en siete auditorías a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Marina (Semar), que revisaron una muestra de 12 mil 769 millones de pesos.

Este esquema se repite en otras dependencias. Así, los auditores no determinaron monto por aclarar en más de 32 mil millones de pesos erogados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni en 15 auditorías, por una muestra de 43 mil 728 millones de pesos, realizadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP); lo mismo sucedió en Turismo,

En otras ocasiones, el ente fiscalizador hizo observaciones por montos irrisorios: 42 mil pesos en 12 auditorías a la Secretaría de Economía (SE), en una muestra de 4 mil 786 millones de pesos; 713 mil pesos en seis auditorías a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por más de 17 mil millones de pesos, o tan solo 10 mil pesos en 66 auditorías sobre el destino de participaciones federales, en un universo de ¡259 mil millones de pesos!

Estos resultados reflejan la gestión polémica de David Colmenares Páramo al frente de la ASF, marcada por las renuncias de tres altos funcionarios, quienes acusaron al titular de la institución de negociar con los gobiernos para hacer auditorías “a modo”, o censurar informes con datos que muestren una mala administración de los recursos públicos.

En los últimos cinco años, Dona Muna Buchahin, exdirectora de auditoría forense, Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero, y Agustín Caso Raphael, exauditor especial de desempeño, han denunciado públicamente este modus operandi.

De hecho, el pasado 24 de octubre, el propio Colmenares había adelantado, entre líneas, que la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2023 no traería muchas observaciones: aseveró que, gracias a la labor de “prevención” de la ASF, “cada vez son menos las observaciones, porque las entidades están trabajando mejor, porque los funcionarios se han capacitado, hay mecanismos más eficientes de transparencia”.

Y agregó: “El objetivo de una institución como la Auditoría es cada vez observar menos porque se están haciendo las cosas mejor”.

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