CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fractura estaba anunciada: llegando al candente punto 16 del orden del día, los dos bloques de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentaron en torno al proyecto de acuerdo, elaborado por seis consejerías, que insta a la Secretaría Ejecutiva del organismo autónomo a presentar una controversia constitucional para frenar una reforma impulsada por Morena, que concentra más poder en la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en detrimento del Consejo General.

La propia Taddei tronó ante la iniciativa, que calificó como un “precedente muy negativo para la institución”, y recalcó de que “no es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia”.

La presidenta del INE acusó a los seis disidentes de poner al instituto en la luz “de una manera totalmente incorrecta”, y deploró que hayan presentado el acuerdo ignorando su petición de no hacerlo. “Los convoqué a resolverlo aquí dentro, a primero escuchar, a tocar las puertas de la colegialidad interna, no buscarla en una resolución jurídica”, dijo.

A pesar de los reclamos de Morena, y de los votos en contra del grupo de consejeros afines a Taddei, el acuerdo fue aprobado con seis votos a favor y cinco votos en contra, que ordena a la Secretaría Ejecutiva del INE a presentar la controversia constitucional para revertir las reformas a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIEP) a más tardar el próximo 19 de noviembre.

En una discusión tensa, que se extendió durante dos horas y media, los seis consejeros que promovieron el acuerdo --Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan, Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez, Martín Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez-- señalaron las fallas de la reforma y advirtieron que la concentración de facultades en la presidencia instituto abre la puerta a que intereses externos ejerzan influencias en el INE.

Taddei y sus tres consejeros cercanos –Jorge Montaño Ventura, Norma Irene de la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences-- alegaron por su parte que el INE no puede presentar una controversia constitucional en este caso; defendieron los alcances de la reforma, y acusaron a los seis consejeros de redactar y presentar el acuerdo sin consultarlos. Los cuatro presentaron votos particulares.

El consejero Uuc-Kib Espadas Ancona adoptó una postura intermedia: denunció una reforma “terriblemente antidemocrática y autoritaria”, aprobada con una “maniobra desaseada” por la mayoría de Morena en el Senado, pero criticó a los seis consejeros que elaboraron del acuerdo por no buscar el consenso en torno al documento. El consejero votó en contra del acuerdo.

Durante la discusión, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, se lanzó con vehemencia contra los promotores del acuerdo, a quienes acusó de obstaculizar la reforma al poder judicial. Las críticas del diputado, y su exigencia de que el acuerdo sea excluido del orden del día, fueron respaldadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Presiones

Las reformas a la LGIEP, aprobadas por la bancada parlamentaria de Morena al margen de la reforma al poder judicial, otorgan a Taddei la facultad de designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del INE, sin someter los nombramientos a la votación del Consejo General, como era el caso, y amplían los poderes de la Junta General Ejecutiva, que estará bajo el control de la presidencia del instituto, es decir, de Taddei, a quien se identifica por su cercanía con Morena.

“La colegialidad no es un capricho político, es una garantía de imparcialidad y de independencia, y está diseñada para proteger al INE como institución”, aseveró Arturo Castillo, quien deploró que “lo que antes dependía de 11 votos ahora dependa de una sola decisión de un solo cargo, unipersonal y directo, literalmente pone en riesgo a esta persona, quien sea que ocupe el cargo, en el momento de hacer estas designaciones”.

“A lo largo de este año y medio, cuando empezamos a discutir la integración de la Junta General Ejecutiva, no fue secreto que recibimos una enorme cantidad de presiones algunas de nosotros; yo sí recibí presiones. No es lo mismo que se distribuyan las presiones entre 11 consejerías, a que una sola persona tenga que aguantar este nivel de presión”.

La consejera Dania Ravel recordó, por su parte, que “hasta hoy en nuestro país sigue imperando el Estado de derecho; esto es lo que nos permite traer a discusión este acuerdo”, y aseveró que con la reforma “se rompe el blindaje ante la influencia de intereses políticos externos al instituto, cosa que sí se garantizaba con una decisión colegiada”.

Ravel también deploró que las reformas “se hicieron de forma tan apresurada que no modificó el artículo 44, que sigue estableciendo que la designación de las personas titulares de las áreas técnicas corresponde al Consejo General”.

“Ningún demócrata puede estar de acuerdo con el contenido de las reformas que los colegas buscan controvertir”, aseveró el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, quien no forma parte del grupo que promovió el acuerdo. El consejero deploró que “esta reforma subrepticia se incluyó con una maniobra desaseada dentro de la reforma judicial”, y agregó que “no era, no fue materia del debate parlamentario”.

Espadas aseveró que la aprobación del texto vulneró el reglamento del Senado, pues insistió en que esta reforma “no venía en la iniciativa presidencial, nunca se discutió en comisiones, y fue metida de última hora, simulando ser una reserva cuando se trató de una adición”.

Como representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna atacó a los seis consejeros disidentes. “¿Qué vemos nosotros? La intención de una confrontación con el poder legislativo. Se tomó una decisión legislativa, que a un grupo de consejeros no le parece adecuada”, dijo el político, quien acusó a algunos de los consejeros a tener “intención política”, al igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “están queriendo obstaculizar la implementación y la vigencia de la reforma al poder judicial”.

“No estamos cuestionando un ápice las reformas para reformar al poder judicial”, le reviró la consejera Carla Humphrey Jordan, promotora del acuerdo. “Nadie está aquí pretendiendo obstaculizar una reforma al poder judicial, absolutamente nadie, (en el acuerdo) no hay una sola referencia a la reforma al poder judicial. Una sola referencia”, insistió.

Los consejeros que apoyaron el acuerdo rechazaron que su iniciativa tenga objetivos “personales” –es decir, contra Taddei--, pues insistieron en que buscan proteger la “colegialidad” de la institución.

El pasado 14 de octubre Guadalupe Taddei se deslindó de la reforma, y afirmó que ella no tuvo que ver con su elaboración; sin embargo, en la sesión de hoy defendió sus alcances. “Sostengo que el Consejo no está siendo minado en sus facultades de colegialidad”, afirmó la presidenta.

“Yo lamento profundamente esta propuesta, nuevamente, este intento por minar el trabajo y las facultades que tiene encomendada la presidenta, pese a que también en reuniones de trabajo se dijo que estaba abierta al trabajo, a la escucha, a construir acuerdos”, aseveró la consejera Rita Bell López, en respaldo de Taddei.

En la misma línea, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña lamentó que el acuerdo “no fue consensuado ni conmigo ni con el resto del consejo, por lo que no fue una decisión colegiada”, y que envuelve al instituto en una “crisis mediática” dañina. “Ni siquiera nos dijeron ‘¡Agua va!’”, denunció, y agregó: “Pareciera que no tiene por objeto proteger a la institución sino desconocer a las facultades de la presidencia de este instituto, como un ensayo más para tomar decisiones de las que no se tiene facultades”.

Taddei no solo reclamó a los seis consejeros por elaborar el proyecto de acuerdo sin consultarla: también se quejó de que incorporaron ayer su discusión y votación en la agenda del Consejo General del INE de este miércoles.

A nivel constitucional

Esta iniciativa de los disidentes no cayó nada bien en Morena. Desde el arranque de la sesión del Consejo General, Gutiérrez Luna exigió retirar el punto 16 de la agenda, bajo el argumento de que “invade competencias del poder legislativo”; el también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se lanzó contra los disidentes, cuando aseveró que “un grupo de consejeros busca o pretende desconocer algo que ha sido determinado legítimamente”.

Y Gutiérrez Luna no se detuvo ahí: inmediatamente después de su participación en el INE, anunció en su cuenta de X que presentó una iniciativa “para elevar a rango constitucional que la presidencia del INE pueda designar titular de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto, y así puedan avanzar los trabajos en este órgano”.

Con esta maniobra, el diputado busca cancelar el alcance de la controversia constitucional promovida por los seis consejeros disidentes, y repetir la estrategia de la “supremacía constitucional” con la que los legisladores de Morena –incluyendo el propio Gutiérrez Luna-- pretenden invalidar todas las impugnaciones contra la reforma judicial.

Un grupo de consejeras y consejeros del INE pretende socavar la voluntad del Poder Legislativo.
Por eso, como diputado federal, ????????????????´ ???????????????????? ???????? ???????????? ?? ?????????? ???????????????????????????? ?????? ???? ?????????????????????? ?????? ??????… pic.twitter.com/llJyb1r0Q1 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) October 30, 2024