CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reinstalación en su cargo de Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenado recientemente por una jueza, representa el primero de muchos reveses jurídicos contra el Plan B de la reforma electoral, aseguró el consejero presidente de ese órgano electoral, Lorenzo Córdova.

En un video difundido en redes sociales, Córdova señaló:

“Una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto ordena su reinstalación.

“Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional de nuestro país”.

Córdova también aseguró que el llamado Plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, atenta contra los cinco grandes pilares de nuestro sistema democrático: la autonomía de las autoridades electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente que tiene el INE en todo el país, la integridad de padrón electoral y, finalmente, las condiciones de equidad en las contiendas electorales, las cuales impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas políticas.

Dijo el presidente del INE sobre este punto:

“Todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución. Y éstos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo”

Igualmente, señaló que el pasado 9 de marzo el INE interpuso una segunda demanda de controversia constitucional contra el Plan B, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual el instituto defiende no solamente su “autonomía”, sino también el estado democrático de derecho que establece la Carta Magna, ya que –dijo— el Plan B es una “constelación de violaciones”, concretamente viola “26 disposiciones de la Constitución”, especificó.

Indicó que los ejes de esa controversia constitucional se basan en los siguientes puntos: violación al debido proceso legislativo cometido en el Congreso de la Unión; vulneración de la autonomía e independencia del INE por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, vulneración de las condiciones de equidad electoral y grave afectación de los derechos laborales del personal del INE.