CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha topado con un muro burocrático en diferentes instancias gubernamentales y financieras para obtener información en materia de fiscalización.

Así lo dio a conocer la consejera Adriana Favela al presentar ante el Consejo General del INE el Informe del Estado que Guardan las Solicitudes de Información a las autoridades fiscales y financieras.

En lo que va del presente año, dijo, el INE realizó mil 381 requerimientos de información en materia de fiscalización a diferentes autoridades del país y la respuesta a dichos requerimientos presenta rezagos, lo que dificulta la actividad de fiscalización de la autoridad electoral.

Por ejemplo, dijo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se le han turnado mil 88 solicitudes y el 68% se ha demorado en contestar en promedio más de 31 días, a pesar de que la ley establece cinco como máximo para emitir respuestas.

“Siendo la más antigua una solicitud que cuenta con 125 días de dilación y esto es bastante grave si recordamos que la ley nos dice que solamente son cinco días para contestar”, explicó la consejera Favela.

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la situación no es mejor. De los 181 requerimientos, indicó, 26 de ellos tienen más de 36 días sin ser atendidos, lo que equivale al 14% y, en este caso, acotó, la solicitud con mayor demora es también de 125 días.

“Es de llamar la atención que esa dependencia solicitó al INE que justificara las razones para proporcionarle información respecto de ocho requerimientos practicados por la Unidad Técnica de Fiscalización”, comentó.

Según la consejera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la instancia que mejor ha cumplido con los plazos legales en sus respuestas a los 88 requerimientos formulados por el INE.

En cambio, añadió, la Secretaría de Economía adujo que no podía atender las solicitudes presentadas por el Instituto debido a que sobrepasaban sus capacidades técnicas y humanas.

Zavala consideró que el INE cuenta con plazos cortos para llevar a cabo la fiscalización que tiene como responsabilidad, por lo que se requiere de la colaboración de las diferentes instituciones del Estado que cuentan con elementos que permiten concretar dicha actividad.

“Esta autoridad, por esta función fiscalizadora, no le son oponibles ni los secretos fiduciarios, bancarios, de ningún tipo de secretos y justamente porque se vio con una actividad fiscalizadora en sinergia con las demás instituciones del Estado, esta disposición fue recogida legalmente y a partir de ella es como se entabla la comunicación”, resaltó.

La consejera Carla Humphrey se unió al llamado a las autoridades del país para cumplir con la entrega de la información que se les solicite, relacionada con temas de los procesos electorales, porque con ello se contribuye a la fiscalización y transparencia de dichos procesos.

“Para que esta autoridad cumpla con su función fiscalizadora de todos los partidos políticos, de todas y todos los candidatos, en todos los procesos electorales en el país y garantizar entonces que se cumplan las normas en la equidad en las contiendas electorales, necesitamos esta información que muchas veces, además, como ya hemos visto, no nos es enviada y en otros casos entorpece o hace que los plazos se alarguen”, indicó.