CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer uso de las instituciones de procuración de justicia para perseguir a sus opositores políticos y a jueces que ejercen su autonomía, mientras que “a los capos de la delincuencia organizada les ofrece indulgencia y abrazos”.

En un comunicado de prensa, el dirigente panista condenó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como la instrucción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar al juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro y su familia, luego de haber concedido suspensiones definitivas contra el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

“Perseguir, procesar y enjuiciar sin pruebas a quienes se atreven a alzar la voz contra las acciones y políticas públicas, se han convertido en las estrategias electorales más despreciables y autoritarias de este gobierno mientras que, a los capos de la delincuencia organizada les ofrece indulgencia y abrazos”, se quejó el político.

Abundó que en el caso del desafuero aprobado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados responde al “afán persecutorio de su verdadero jefe López Obrador contra los opositores a su gobierno”, además de que “son acciones intimidatorias para todos los líderes opositores, empresarios, gobernadores y alcaldes”, que tienen como fin último ser “una acción propagandística para favorecer electoralmente al partido en el gobierno porque saben que la oposición está creciendo”, y está dispuesta a “quitar la mayoría artificial que ahora tiene en la Cámara de diputados”.

Tras respaldar al Congreso de  Tamaulipas por rechazar el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados y presentar una Controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cortés Mendoza calificó como una “estrategia electorera de monera” la decisión tomada por el Poder Legislativo.

Sostuvo que “la persecución política contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un recurso distractor e intimidador del gobierno ante la falta de resultados en los temas mas sensibles a los mexicanos como la seguridad”.

Insistió que “en lugar de buscar y capturar a la delincuencia organizada, que ya tiene el control del 40% del territorio nacional, y a los responsables de los feminicidios, homicidios y secuestros, el gobierno morenista recurre al uso de las instituciones como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda para manchar la honorabilidad de gente de bien sólo por le hecho de disentir con el mal manejo de la administración pública”.

Al abundar sobre la investigación contra el juez Gómez Fierro, el líder partidista consideró que “esta es una persecución política del más bajo nivel y del México que pensábamos que ya habíamos dejado atrás. López Obrador nos quiere regresar al sistema autoritario más ruin y hostil posible”.

Según el dirigente “ante la falta de resultados” en materia de empleo, crecimiento económico y salud, así como en escasa inversión privada, “el gobierno emplea a las instituciones para perseguir y denostar políticamente a sus adversarios”.

Ante la aprobación en el Congreso de la Unión, con la mayoría de votos de Morena, para ampliar dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, Marko Cortez llamó al ministro a pronunciase en contra “de esta atrocidad legislativa, que no muerda la manzana envenenada que le está mandando el Poder Ejecutivo, por que si esto se deja pasar, después no habría obstáculo alguno para que también se amplíe el mandato al jefe del Ejecutivo”.

En medio del proceso electoral, el líder partidista criticó  la propuesta de López Obrador de dejar en manos de la SCJN la administración del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que “México retrocedería un siglo en democracia”.

Asimismo reprobó “los intentos de desprestigiar al INE y a sus consejeros”, lo que responde a “una idea maquiavélica del gobierno de preparar la narrativa del fraude electoral cuando no ganen la mayoría de los candidatos de Morena el 6 de junio”.