CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de estar sujeta a un proceso penal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la candidatura de la panista María Eugenia Campos Galván para la gubernatura de Chihuahua.

"El TEPJF declaró absolutamente válida y legal mi candidatura, desechando las impugnaciones de quienes quieren detener el futuro de nuestro estado”, escribió la panista el miércoles en su cuenta de Twitter.

El Tribunal argumentó que Campos Galván no cuenta aún con sentencia firme por lo que la única manera de privarla de sus derechos político electorales sería que se encontrara presa.

De acuerdo con lo ocurrido en la sesión del Tribunal, los magistrados se sujetaron a la jurisprudencia del 2013, que hace referencia a la pérdida de derechos político electorales solo en caso de que el candidato se encuentre privado de la libertad.

“Si bien María Eugenia a Campos Galván fue vinculada a proceso en una causa penal en el estado de Chihuahua, por supuestos hechos constitutivos de delito, la candidata se encuentra en libertad, sujeta a medidas cautelares consistentes en una presentación de garantía económica, de entre otras, por lo que su caso se encuentra en la etapa de investigación del proceso penal que enfrenta.

"De ahí que estar vinculado a un proceso no implica una condena, de conformidad con el principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, por lo cual no se le podría negar su derecho a participar en una candidatura”, señala el resolutivo del TEPJF.

El proyecto destacó que en el caso de la candidata del PAN “no se actualiza el supuesto previsto en los artículos 23, fracción IV de la Constitución del Estado de Chihuahua, toda vez que dicha persona se encuentra en libertad, a pesar de estar vinculada a un proceso penal, en el cual aún no se ha dictado sentencia ejecutoriada y, por ende, tiene derecho a ser registrada como candidata, si cumple con el resto de los requisitos de elegibilidad”.

Cabe recordar que María Eugenia Campos Galván es investigada por la Fiscalía General de Chihuahua, por haber recibido sobornos por al menos 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 del exgobernador del estado César Duarte, hoy preso en Estados Unidos por desfalco al erario estatal y asociación delictuosa.