CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Senadoras y senadores de oposición, además del morenista Germán Martínez, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El argumento que utilizaron los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano así como dos senadores del Partido Verde Ecologista de México es que la reforma atenta en contra de derechos humanos al limitar el acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano, así como en contra del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales de los que México forma parte en materia de energía limpia y transición energética.

“Viola los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna”, señalan los firmantes.

Además, acusan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

También afirman que socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

“Se contrapone al espíritu de lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad”, aseguran.

De hecho, manifiestan que viola el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía.

Desde que el pasado 2 de marzo, el Senado aprobó fast track la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente, el llamado bloque de contención anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

En aquella ocasión, Germán Martínez presentó una reserva que fue desechada por su grupo parlamentario por lo que votó en contra del dictamen. Lo que pretendía era garantizar una contraprestación para los pequeños propietarios, comuneros o ejidos donde se instalen las grandes empresas generadoras de energía, regulando los contratos en materia eléctrica.