CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) alista hoy el arranque de la organización de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto sobre el esclarecimiento de la actuación sobre actores políticos del pasado, en la que prevé la instalación de 104 mil 667 casillas en todo el país y tener resultados el 4 de agosto.

Aunque la Cámara de Diputados no presupuestó un peso para la organización de ese proceso, y el INE ha advertido que tras el recorte de 870 millones de pesos a su gasto de 2021 enfrenta además un déficit de mil 500 millones para la consulta, propondrá comenzar la preparación, en espera de recursos, por lo que se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las gestiones.

Para difundir la consulta se prevé la emisión de 5.7 millones de spots diarios en todo el país, y el INE recontratará al personal que ayudará en la elección federal del 6 de junio, para que también participe el 1 de agosto con el fin de economizar recursos.

Con ese objetivo se propone que todas las áreas del INE analicen la posibilidad de operar un mecanismo de voto electrónico presencial con una urna electrónica de recepción de opiniones durante la Jornada de la Consulta Popular.

Así, en sesión extraordinaria el órgano electoral aprobará hoy tres documentos: el Plan y Calendario de la Consulta Popular, con lo que inicia la organización de forma paralela al proceso electoral federal en curso; el acuerdo de asignación de los tiempos en radio y televisión para la difusión de la Consulta, la regulación de la suspensión de propaganda gubernamental, además de los Lineamientos para la organización del proceso consultivo.

La convocatoria a la Consulta popular fue aprobada por el Congreso General el pasado 26 de octubre, para tener vigencia el 15 de julio próximo, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la pregunta a realizar.

Esta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

De acuerdo con los documentos que serán sometidos a discusión y aprobación del INE, “dada la falta de presupuesto, el INE ha optado por un escenario en el cual se puede tomar como base varias de las actividades, recursos humanos y herramientas con las que se contará para el PEF 20-21”.

Por eso la base será el mismo corte de la Lista Nominal, con más de 93 millones de ciudadanos, por lo que se prevé que podrían participar en la Consulta ese número de electores en 104 mil 667 casillas, con mil 500 boletas cada una.

Para maximizar recursos se prevé recontratar del 21 de junio al 4 de agosto a 2 mil 318 supervisores y 17 mil469 instructores asistentes que trabajarán para las elecciones federales, de modo que auxilien en la Consulta popular.

Como en una elección normal, habría cómputos y recuentos distritales desde el domingo del proceso y hasta el 2 de agosto, y la entrega de resultados de la Consulta sería el 4 de agosto.

La difusión de la Consulta comenzará a partir del 15 de julio y hasta el 1 de agosto (18 días), y sólo el INE podrá promover la participación ciudadana, para lo cual se suspenderá la propaganda gubernamental, salvo para difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Con ese fin sólo se ocuparán los tiempos del Estado que corresponden al INE y a las autoridades electorales, unos 205 mil 987 spots de radio y 113 mil 629 de televisión, en total 319 mil 616 diarios. Es decir, se difundirán 5 millones 753 mil spots diarios en emisoras de radio y televisión de todo el país.

Esa distribución de spots se tomará ad cautelam, pues en mayo de 2020 el INE interpuso controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el Decreto presidencial que redujo los tiempos con los que los concesionarios privados de radio y televisión cubren en especie sus impuestos.

Con ese decreto se redujeron los “tiempos fiscales” y, en consecuencia, los tiempos oficiales con que cuenta el Estado, que son los que ocupa el INE para la difusión de mensajes propios y de los partidos. La decisión presidencial redujo en 6 mil 34 los spots diarios que se difunden en todas las emisoras.

Como ocurre en todo tiempo, ninguna otra persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos, y en ese caso el Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará procesos de sanción.

Con los acuerdos se ordenará la aplicación de todos los protocolos sanitarios para blindar todo el proceso organizativo de posibles contagios de covid-19, “para salvaguardar la salud tanto de los funcionarios electorales, de los integrantes de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular y de la ciudadanía que acudirán a ejercer su derecho”.