CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue avalada por las comisiones del Senado, en medio de críticas del Partido Acción Nacional (PAN), que la consideró “confiscatoria” y “expropiatoria”.

Con 17 votos a favor y 11 en contra se aprobó en las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la mencionada norma.

De acuerdo con el dictamen, “busca garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos”.

“Nuestro país necesita un marco regulatorio que corresponda a los retos actuales, los cuales se han traducido en el comercio ilícito de petrolíferos e hidrocarburos”, leyó Rocío Abreu de Morena, presidenta de la Comisión de Energía al presentar la minuta.

Añadió: “La reforma tiene el propósito de fortalecer la regulación sobre diversos rubros establecidos en la ley de hidrocarburos como: fijar como requisito, para acceder a un permiso, contar con un almacenamiento mínimo de petrolíferos que establezca la Secretaría de Energía (Sener); establecer la figura de negativa ficta en el procedimiento de trámites de los permisos, y señalar que procederá la revocación de permisos en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos”.

Durante su intervención, Julen Rementería, del PAN, manifestó que se trata de una ley “embudo”, confiscatoria y expropiatoria.

“Embudo porque sólo habla de beneficios para el gobierno, y para los participantes en el sector simplemente no hay equidad, no hay un equilibrio mínimo. Confiscatoria porque lo que hace con la revocación de los permisos llega, en su letra, a decir que puede quitarle hasta las instalaciones y puede, en todo caso, hasta tener la posibilidad de sostener la plantilla laboral; esto es un verdadero absurdo. Y luego expropiatoria, porque a partir de la suspensión de los permisos, ante lo que estamos es ante una expropiación tácita”, comentó Rementería.

En la sesión de las comisiones se anticiparon dos reservas que se votarán ante el pleno del Senado, una de la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, y otra de Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo (PT).

La primera señaló que esta minuta viola la Constitución debido a que en el artículo 53, segundo párrafo, establece la figura de la positiva ficta para la solicitud de permisos cuando las autoridades no den respuesta en el plazo de 90 días, lo que generará incertidumbre y complicará planes de crecimiento y dejará a los particulares en total indefinición.

“¿Por qué una autoridad es incapaz de responderle a un inversionista en 90 días? y simplemente lo que estamos haciendo es decir: si no te contesto te la doy como negada”, criticó Gálvez.

“Lo que yo propongo es que les demos un plazo y se les diga por qué, y si no cumplen que se les niegue el permiso”, agregó la legisladora.

La segunda acusó que el proceso legislativo ha sido opaco y ha desembocado en una minuta que agrava la incertidumbre en el sector energético en el país y privilegia de manera injustificada a las empresas productivas del Estado sin que se tome en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

“A veces creo que a mí me mandan un dictamen diferente al de la mayoría, porque estamos ante un dictamen que se encuentra viciado desde el origen”, afirmó De la Sierra.

“(La Cofece) Admite con todas sus letras que el dictamen podría violar los derechos de terceros y por ende resultar en gastos por pagar las afectaciones a los mismos”, añadió.

La minuta propone facultar a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Además, prevé que la Sener y la CRE puedan suspender permisos a los permisionarios cuando exista un peligro inminente para la seguridad nacional, energética, o para la economía nacional.

También permite a los permisionarios solicitar el fin de la suspensión cuando demuestren que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas, cuando no haya sanciones penales o infracciones administrativas.

Por otra parte, establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.

El documento fue enviado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno de la Cámara de Senadores.