CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo caso omiso al llamado del Senado a que no limite la recolección de firmas en papel para la consulta sobre revocación de mandato, Morena impuso su mayoría en comisiones para aprobar un decreto de interpretación auténtica de la ley y que el organismo autónomo electoral no extralimite sus funciones y acepte igualmente firmas en formato impreso que electrónico.

Con 18 votos a favor, de Morena y sus aliados del PVEM y PES; dos en contra, del PRI y Movimiento Ciudadano, y dos abstenciones del PAN, este lunes fue avalado en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda un dictamen que contiene el decreto con el que se establece la interpretación auténtica que deberá darse a los contenidos de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

“El INE no respondió favorablemente”, dijo Cesar Cravioto, de Morena, para justificar el uso de esta figura.

“Hubo argumentos que desde mi punto de vista no son suficientes. El consejero presidente (Lorenzo Córdova) habló de que no tenían la capacidad técnica y humana para revisar más de 3 millones de firmas en papel, cuando el INE tiene una estructura vasta y un presupuesto de más de 13 mil millones de pesos”, apuntó.

Cravioto también lamentó que el consejero Ciro Murayama hablara de firmas falsas y fraude anticipado si se permiten las firmas en papel, “descalificando este ejercicio”.

Por su parte, Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, expresó que, si bien el Senado tiene la atribución de la interpretación auténtica, su bancada ve “peligroso” que las y los legisladores se vuelvan intérpretes, usurpando una función que corresponde al Poder Judicial.

“Nosotros como poder constituido estamos para hacer la normativa, las leyes, como decimos, y que estas lleguen a tener luz legal y aplicación efectiva”, comentó.

Además, propuso que el Legislativo espere la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la misma materia, ante el recurso que interpuso Morena.

Y deploró que el INE “en varias ocasiones busque usurpar las funciones del Legislativo” para desapegarse de la normativa aprobada por el Congreso. Igualmente criticó las declaraciones de Lorenzo Córdova, quien se negó a modificar los lineamientos impugnados y dar cumplimiento a una legislación aprobada por el Senado.

Para la senadora Claudia Anaya, del PRI, lo que se está buscando es “una revocación de mandato a la fuerza”, y se manifestó preocupada por el hecho de que por primera vez el Senado use la figura constitucional de la interpretación auténtica, con el riesgo de dejar un precedente erróneo, cuando el TEPJF está por pronunciarse sobre el mismo asunto. También destacó que el Tribunal tiene facultades vinculantes y el Senado no.

“Se los digo con toda franqueza, yo no veo un movimiento social pidiendo la revocación de mandato del presidente y aquí pareciera que a fuerza se quieren ir a hacer campaña”, comentó Anaya.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el propósito de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen.

El dictamen busca aclarar al INE que el Congreso de la Unión no estableció preponderancia entre los formatos físicos o electrónicos para la recolección de firmas y tampoco un régimen de excepción.

“El INE conocerá del contenido del presente decreto para los efectos correspondientes y relativos al acuerdo del Consejo General de este Instituto por lo que se modifican los lineamientos”, señala.

Luego reitera: cualquier interpretación a los artículos 11 y 12 de la Ley deberán apegarse a lo establecido en el presente decreto.

El INE aprobó priorizar la recolección de firmas de manera electrónica en sus lineamientos, excepto en 204 municipios de alta marginación, con el fin de evitar firmas falsas.

Sin embargo, los lineamientos fueron impugnados por Morena ante el TEPJF, y el grupo parlamentario morenista en el Senado convenció a las otras bancadas de avalar un punto de acuerdo para que el organismo autónomo no extralimite sus funciones más allá del Poder Legislativo y se ciña a lo que dice la ley.

El artículo 11 de la Ley de Revocación de Mandato establece que el Instituto emitirá formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas para la solicitud de una consulta de revocación de mandato.

Mientras que el artículo 12 estipula que “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior”, el Instituto diseñará y aprobará la utilización de herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos al alcance de las ciudadanas y los ciudadanos para que puedan recabar las firmas.

El dictamen fue enviado al Pleno para su discusión y eventual aprobación.