CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 28 de octubre la Cancillería mexicana pidió a la Defensoría del Pueblo de Colombia –equivalente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)-- le informara si mexicanos enfrentan algún proceso penal, en el marco de una investigación sobre asesinatos y operaciones presuntamente perpetrados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante una carta, Ernesto Herrera López, encargado de negocios de la Embajada de México en Bogotá, pidió a Carlos Ernesto Camargo Assis, Defensor del Pueblo, su “valioso apoyo” para conocer el “número, situación jurídica y si (los mexicanos) fueron informados sobre su derecho a la notificación consular”, y para ello invocó el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares.

La carta mencionó un reportaje que el periódico colombiano ‘El Tiempo’ publicó el día anterior, titulado: “Narcos mexicanos ya empezaron a ejecutar crímenes en el país”, en el que documentó cómo las organizaciones criminales mexicanas “trasladaron su rivalidad al menos a cinco Departamentos (equivalente a los estados)” y “empezaron a matar gente en Colombia por su cuenta”.

El reportaje, basado en una investigación “en terreno” de tres años de la Defensoría del Pueblo, planteó que el Cártel de Sinaloa se alió con las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) en el noroccidente del país, y juntos realizaron cobros de piso y se apoderaron de los círculos de la cocaína.

En paralelo, las agrupaciones criminales de Sinaloa y de Jalisco habrían incursionado en el sur del país entre 2019 y 2020, y mediante la “presunta presencia directa” de mexicanos y centroamericanos se habrían dedicado a “la distribución de panfletos y la comisión de homicidios en zonas de alto valor estratégico para la producción, distribución y comercialización de droga”.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades colombianas tienen registrada la presencia de delincuentes mexicanos en su territorio desde hace varios años, pues en 2018 el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que las organizaciones mexicanas estaban comprando plantaciones de coca y procesando la planta en cocaína; el fiscal dijo que la dependencia a su cargo tenía identificados a “más de un centenar” de mexicanos.