CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público por la decisión de inundar a los más pobres de Tabasco, para no afectar la capital, Villahermosa.

A nombre de su grupo parlamentario, la senadora denuncia que el Ejecutivo federal contaba con la información de los patrones hídricos de la zona del estado de Tabasco, conocía los informes del Servicio Meteorológico Nacional y la problemática que ha padecido históricamente la entidad por las inundaciones, y aun así decidió irresponsablemente inundar zonas donde se sabía que, debido a las condiciones y características étnicas y socioeconómicas de la población local, se afectaría en mayor grado.

“La decisión del Ejecutivo federal fue negligente al inundar las comunidades indígenas chontales de Nacajuca, Centla, Jalpa, Macuspana y Cunduacán donde viven comunidades indígenas y lamentablemente los más pobres de esa entidad”, dijo la senadora después de interponer la denuncia.

López Rabadán señaló que López Obrador reconoció públicamente que fue él quien decidió el cierre parcial de la compuerta denominada “El Macayo” para que las corrientes de agua no entraran directamente al Río Carrizal cuyo cauce se ubica a un costado de la ciudad de Villahermosa, tras las fuertes lluvias y el paso del huracán Eta.

“Que ironía hace 13 años López Obrador denunciaba al entonces presidente Felipe Calderón, por inundaciones en Tabasco y es hoy él quien las ha provocado por una decisión negligente”, acusó la panista.

En su denuncia, López Rabadán cuestiona que, a pesar de contar con la información y los informes técnicos, desde la presidencia se tomaron decisiones que omitieron acciones preventivas, “demostraron dolo y negligencia inexcusable”.

“El Ejecutivo, conociendo de primera mano la entidad y los efectos de las inundaciones, debió haber tomado previamente las acciones y decisiones que garantizaran no ocurrieran las inundaciones. La tragedia de Tabasco pudo evitarse o aminorarse, se debe reparar el daño a las personas y a las viviendas en las comunidades afectadas y deben fincarse las responsabilidades penales a que haya lugar”, señaló.

Además, en la denuncia argumenta que presumiblemente se cometió el delito de ejercicio ilícito del servicio público, y que el presidente incumplió con su mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos.

“Ya que sus decisiones generaron afectaciones en los municipios y comunidades más vulnerables del Estado de Tabasco. Esos ciudadanos padecieron los efectos de una actividad administrativa irregular, lo que incluso les da posibilidad de demandar la responsabilidad patrimonial del Estado”, añade.