TOLUCA, Edomex (apro-cimac).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó a los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México a proponer y, en caso de ser electos, a implementar acciones serias y eficaces para atender las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, que suman 626 de enero de 2015 a diciembre de 2016 . Al presentar un balance sobre la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad –decretada por el 28 de julio de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)– el Observatorio señaló que a casi dos años de que se emitió este mecanismo, los avances para cumplir las recomendaciones han sido mínimos. Ahora que el feminicidio se ha recrudeció en la entidad gobernada por el PRI, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada; la abogada de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido; y la activista Irinea Buendía, ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Toluca para llamar a los candidatos a decir cómo van a continuar con la implementación de la AVG. Sin propuestas Luz Estrada, quien siguió el proceso de solicitud del mecanismo en diciembre de 2010, sugirió a los políticos que revisen cuáles son las recomendaciones que se desprenden de la AVG, cuáles son las que se están implementado, qué hace falta y qué es lo que no sirve porque, dijo, hasta ahora en las campañas que finalizan el 31 de mayo no se han expuesto políticas de prevención, atención ni sanción de la violencia de género. De acuerdo con la experta, la violencia de género ha sido un tema ignorado y no ha sido tomado en serio: “No he escuchado para nada el tema de desaparecidas en un estado que fue reconocido por un problema de desaparición”. En opinión de la abogada Pérez Garrido, los aspirantes a gubernatura deben establecer en sus planes de gobierno la manera en cómo darán continuidad a las recomendaciones emitidas por la Conavim para garantizar seguridad a las mujeres y una vida libre de violencia, porque aseguró que estas medidas son la base para erradicar la violencia feminicida en la entidad. Las defensoras coincidieron en señalar que los políticos tienen una deuda con las mexiquenses y como ejemplo señalaron que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se cometieron 626 asesinatos de mujeres, de los cuales solamente 296 fueron investigados como feminicidio, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia estatal. Además, señalaron que en 2016 se denunciaron 2 mil 148 casos de violación sexual y de enero a febrero de 2017 se han denunciado 302 casos más; por otra parte, de 2005 a 2014 se reportaron 4 mil 281 desapariciones de mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 727 fueron localizadas (95 de ellas sin vida), según datos de la Fiscalía estatal y retomados por el Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de AVG. Siguen sin entender Con este termómetro de la violencia contra las mujeres, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota; la de Morena, Delfina Gómez, del PRI, Alfredo del Mazo; del PT, Oscar González Yáñez; del PRD, Juan Zepeda; y la independiente, Teresa Castell, han propuesto acciones como “ampliar la Alerta a los 125 municipios”, una “policía de género”, “salario rosa”, y hasta pena de muerte para los feminicidas. Pero, a decir de Luz Estrada, estas promesas de campaña sólo muestran que los abanderados “siguen sin entender y sin leer”, porque aunque la AVG ubica a once municipios como los lugares con más delitos de género, el mecanismo se debe aplicar en todo el estado; no hay evidencia de que una policía de género funcione; y por otro lado la propuesta de una política “rosa” parece más basada en estereotipos que en objetivos. “No somos campaña, hoy nos dicen, hoy nos prometen y mañana seguimos contando más feminicidios y desapariciones”, declaró la activista. Ante una nula oferta electoral que garantice los derechos humanos de las mexiquenses y a fin de ofrecer información sobre la violencia de género en la entidad, el OCNF y Justicia Pro Personas ayer enviaron a cada candidato un documento donde resumen 12 medidas de seguridad, justicia y prevención que se desprenden de la AVG y detalla sus avances y retos pendientes. Entre estas medidas están la conformación de un grupo de especialistas de la Procuraduría estatal que ha revisado 258 averiguaciones previas de un total de 569 expedientes archivados de enero de 2005 a julio de 2015; y la conformación de un grupo especializado para atender casos de feminicidio de alto impacto, el cual está revisando dos casos acompañados por la sociedad civil. Sobre este tema, la activista Irinea Buendía, madre de Mariana Lima –asesinada en 2010 y cuyo caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación– dijo que hay pendientes para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, por lo que la persona que asuma la nueva administración en el Estado de México debe reforzar las investigaciones, fortalecer la policía investigadora y reformar el protocolo para investigar el feminicidio.