CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El centro de pensamiento México Evalúa reveló este martes que el 99.23% de los delitos que ocurren en México no se denuncian por desconfianza en el sistema de justicia penal o quedan impunes por la incapacidad institucional para procesar e investigar esos ilícitos y para sancionar a los responsables. 

De acuerdo con el estudio “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal, 2024”, por un lado, el 93% de hechos criminales que ocurren en el país no se denuncian formalmente en las fiscalías –una de las tasas más altas del mundo – y, por otro, de los que se denuncian (siete de cada 100) sólo el 10.58% se resuelven. 

Esto quiere decir que sólo el 0.77% de los delitos que ocurren y que se denuncian en México son resueltos por el sistema de justicia. 

Si se toma en cuento únicamente el índice de impunidad de los delitos que se denuncian, este llegó a 89.42% en 2024, dijo la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, al presentar el trabajo junto con la directora del centro de pensamiento, Mariana Campos. 

Según la investigación, los estados que presentan mayor impunidad de ilícitos denunciados son Jalisco (97.80%), Morelos (97.61%), Guerrero (96.59%), Estado de México (96.03%) y Ciudad de México (96.01%), mientras que los que tienen un grado de impunidad más bajo son Michoacán (67.68%), Nayarit (73.07%), Yucatán (74.23%), Puebla (75.81%) y Tlaxcala (85.56%). 

Un punto en común de las entidades con menor impunidad es que presentan una mayor participación de soluciones legales alternas, como criterios de oportunidad y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). 

El estudio del centro de pensamiento México Evalúa, que se basa en fuentes abiertas, principalmente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que tiene datos de 2019 a 2024, señala que la impunidad es la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia penal. 

Un dato que revela la disparidad entre los hechos criminales que ocurren en México y los que llegan al sistema de justicia penal es el de las llamadas de emergencia que reciben las instituciones de seguridad estatales y municipales y las denuncias que reciben las fiscalías. 

En promedio, sólo la cuarta parte de llamadas de emergencia (el 25.9%) se traducen en denuncias ante las fiscalías. 

De acuerdo con Camacho, la cifra oculta de delitos en México –los que no se denuncian, que llegan al 93%— es de las más altas del mundo. 

En Colombia, por ejemplo, un país con una problemática de crimen y violencia similar a la de México, la tasa de hechos delictivos que no se denuncian es de 77%, 16 puntos porcentuales más baja que la mexicana. En Estados Unidos es de 52%, mucho más baja. 

La cifra oculta fue medida por México Evalúa a través de encuestas de victimización, las cuales reflejan además por qué los ciudadanos no denuncias los hechos criminales que los afectan. 

El Inegi también hace una estimación a partir de los datos sobre el número total de delitos ocurridos en un año, los delitos denunciados en un año, los delitos a los que se les abrió carpeta de investigación y el número total de delitos a los que no se les abrió carpeta de investigación. 

Entre las razones más comunes de los ciudadanos para no acudir a las autoridades judiciales a denunciar ilícitos figuran el tiempo que se pierde en los trámites, desconfianza en la autoridad y miedo a los delincuentes. 

El estudio de México Evalúa sólo incluyó a 27 estados porque Baja California Sur, Sonora, Tabasco, Chiapas e Hidalgo fueron excluidos por datos incompletos, resultados estadísticamente atípicos o inconsistencias al reportar los datos. 

De acuerdo con el centro de pensamiento, el nivel casos sin resolver en las 27 entidades analizadas expone que la impunidad sigue siendo la principal deficiencia de la justicia en el país. 

Entre las recomendaciones que plantea México Evalúa para disminuir los altos niveles de impunidad en el país figuran facilitar el acceso a la denuncia para reducir la cifra oculta; reducir la revictimización instituciona y mejorar el trato de las víctimas; fortalecer la investigación y la capacidad de respuesta institucional y transformar la gestión de las fiscalías hacia resultados. 

También, ampliar el uso de soluciones efectivas y no punitivas, detectar y solventar los cuellos de botella en el flujo procesal y fortalecer la medición, transparencia y rendición de cuentas.