CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) no prevé proceder penalmente contra ningún funcionario o exfuncionario, entre ellos Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, por supuestamente torturar a Mario Aburto, único sentenciado por el homicidio del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

Desde el 28 de noviembre de 2023, la FGR notificó a Aburto de la consulta presentada por la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura en la averiguación previa 2080/94 al considerar que no está acreditado que el sentenciado hubiera sido víctima de tortura.

Aburto tramitó un recurso de inconformidad que debe ser resuelto por la propia Fiscalía que concluyó que no fue torturado.

Si esta determinación es confirmada, corresponderá al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, autorizar el no ejercicio de la acción penal (NEAP) propuesto por la Fiscalía Especializada; hasta entonces Aburto podrá tramitar un amparo para intentar combatir esa resolución y mantener abierta la investigación de los actos de los que, afirmó, fue víctima.

De acuerdo con Sofía de Robina, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), la FGR sustentó sus conclusiones en un análisis laxo de las pruebas aportadas por Aburto.

Aunque el Instituto no representa a Aburto como víctima en este caso, sino como sentenciado en el caso principal del homicidio de Colosio, como parte de la estrategia de defensa, en 2022 tramitó un amparo para exigir a la FGR que investigue los actos de tortura cometidos contra su representado.

El amparo fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito en la materia en la Ciudad de México, quien ordenó a la FGR separar esa investigación del caso Colosio y analizar todas las pruebas para llegar a una conclusión en un término máximo de seis meses que fueron prorrogados por dos más y concluyeron el 1 de diciembre de 2023.

Para informar al juez que ya cumplió con su sentencia, la FGR citó la propuesta de NEAP que le fue notificada a Aburto el 28 de noviembre y cuya impugnación, según fuentes federales, no ha sido resuelta.

Por ello, el IFDP solicitó al juez que requiera a la Fiscalía que informe si el titular del organismo, Alejandro Gertz Manero, ya autorizó la propuesta de NEAP para estar en posibilidades de tramitar un amparo.

De acuerdo con los estrados judiciales, el Instituto también presentó un escrito en el que destacó las deficiencias que observó en la propuesta de la FGR para no proceder penalmente contra nadie por la tortura de Aburto y dar carpetazo al asunto.

“Vimos cosas muy graves sobre el análisis de los estudios médicos y psicológicos conforme al Protocolo de Estambul y que están utilizando para argumentar que no tenían elementos para determinar la investigación de la tortura de otra manera, es decir, con la acción penal”, explicó de Robina.

“Al juez de amparo manifestamos que era lamentable que el cumplimiento se diera de esta forma en la que se simulaba de alguna forma el cumplimiento en tanto que se seguían realizando actos que son contrarios a los derechos humanos y al acceso a la justicia de Aburto”.

La denuncia original de Aburto sobre los actos de tortura que dijo sufrir, se encuentra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la cual presentó una queja en la que señaló como principales responsables de estos actos al expresidente Salinas y al entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

En esta queja afirmó que recibió amenazas para hacerse pasar por el verdadero homicida de Colosio y acusó que agentes de la entonces Procuraduría General de la República (FGR) cometieron actos de tortura.

“En los que participó el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por órdenes, según él, supuestamente del presidente Carlos Salinas de Gortari”, indicó Aburto mediante el escrito realizado de puño y letra.

“Un simple obrero, humilde y honesto nunca tendría ninguna posibilidad real y verdadera contra su contraparte en el juicio y proceso: ni más ni menos que el mismísimo presidente de la República (Carlos Salinas de Gortari) y sus representantes el abogado penalista Juan Velázquez y todos los ministerios públicos y órganos jurisdiccionales salinistas que convalidaron con pruebas ilícitas, ilegales, prohibidas y anticonstitucionales”.