CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historia delictiva de Noriel Portillo, “El Chueco”, en la Sierra Tarahumara no es nueva. Desde hace años forma parte de los grupos criminales que se disputan y controlan la tala ilegal de árboles, someten las comunidades indígenas, generan desplazamientos forzados y asesinan a los líderes comunitarios.

Proceso identificó al presunto asesino de los padres jesuitas Javier Campos Morales (el padre Gallo) y César Joaquín Mora Salazar en sendos reportajes publicados en 2020 y 2021 ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el primero de ellos titulado “La disputa por la madera”, realizado por Patricia Dávila en junio de 2020, el entonces fiscal del estado, César Augusto Peniche, relató cómo las organizaciones criminales diversificaron sus actividades -con millonarias ganancias- y tienen sometidas a las comunidades indígenas.

Peniche explicó que el conflicto en la zona entre Francisco Arvizu, “El Jaguar”, líder criminal del Cártel de Sinaloa y La Línea, por medio de José Roberto González Montes, El 32 o El Mudo, es por la tala ilegal y el acopio de la madera legal en los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías y Zaragoza.

En Bocoyna, señaló, dos organizaciones criminales también se disputan el negocio: el Cártel de Sinaloa tiene a El Zafiro, personaje con influencia en la zona de Creel, región boscosa donde antes ingresaban los talamontes, quienes fueron absorbidos por ese cártel.

Y en la zona de Guerrero y en San Juanito de Bocoyna identificó a los hermanos H2 y H9, de La Línea, quienes controlan el entorno.

Luego apuntó hacia un tercero que ya trataba de disputar al Cártel de Sinaloa la región de Creel: un sujeto a quien le apodan El Chueco, de La Línea. Y refirió que su zona de influencia abarca San Rafael y Urique, municipio este último donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas.

Desde entonces Peniche advertía que El Chueco estaba metiéndose a Bocoyna, del lado de Creel, territorio controlado por El Zafiro.

En julio de 2021, en el reportaje “Chihuahua: Cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio”, la reportera Patricia Mayorga dio cuenta de las decenas de asesinatos de líderes comuneros y los cientos de víctimas de desplazamiento forzado desde 2014 en la Sierra Tarahumara debido a las extorsiones e incendios provocados por grupos criminales para controlar la tala ilegal y lavar dinero.

En el primer esquema, el de la extorsión, se identificó a “El Checo” que ya operaba también en Uruachi, donde hasta esa fecha no se habían registrado incendios masivos intencionales, pero la población denunciaba la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, “El Chueco”, del Cártel de Sinaloa, quien según testimonio de habitantes locales impide el desarrollo forestal.

Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, denunció entonces que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. "Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado", lamentó desde el exilio.