CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal concedió un amparo al director de Oro Negro, Gonzalo Gil White, para dejar sin efecto una orden de aprehensión girada por un juez penal de la Ciudad de México por un presunto desvío de 90 millones 878 mil pesos.

Oro Negro es una compañía contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) que ha denunciado por extorsión a diversos exfuncionarios de esa dependencia, quienes presuntamente le exigieron sobornos para no dar por terminados los contratos que tenían con la antigua paraestatal.

Gonzalo Gil White es hijo de quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio del expresidente Vicente Fox, Francisco Gil Díaz.

El amparo concedido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México obliga al juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a resolver de nuevo si gira o no la orden de aprehensión que fue revocada, pero respetando los lineamientos del juicio de amparo.

De acuerdo con el expediente, tras las disputas de Oro Negro con inversionistas extranjeros, un juez federal decretó el inicio del concurso mercantil para la compañía contratista.

Posteriormente, cuando la petrolera privada ya se encontraba en concurso mercantil, procedimiento que sirve para reestructurar las deudas de una empresa en proceso de quiebra, el juez de la causa autorizó una transferencia de 251 millones 197 mil pesos de la masa concursal o bienes y activos de la empresa.

El argumento de los directivos de Oro Negro es que esos recursos serían utilizados para pagar los adeudos en materia de IVA que tenía la compañía. Sin embargo, cuando el dinero fue finalmente transferido, los directivos de Oro Negro dispusieron de 90 millones de pesos con otros fines y ocultaron esa operación del juez encargado de realizar el concurso mercantil.

Por lo anterior, se presentó una denuncia penal en contra de Gil White y tres directivos más de esa compañía.

El tribunal colegiado estimó que está en duda la competencia de los jueces del fuero común que emitieron la sentencia original, puesto que se trata de recursos provenientes de un fideicomiso constituido para el pago de los acreedores de la empresa que estaba al borde de la quiebra.