CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El acoso sexual, los obstáculos para atender embarazos y la discriminación por razones de género no se pueden considerar retos de la carrera judicial, sino violaciones directas e indirectas a los derechos humanos de las mujeres juzgadoras, advirtió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

Durante su participación en el programa en línea “Diálogos con la Judicatura: La femineidad en la impartición de justicia” organizado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la ministra Piña agregó que hablar del acoso sexual, las complicaciones para ejercer la lactancia dentro de un recinto judicial y la discriminación contra las mujeres como retos profesionales, equivale a normalizar la violencia de género y las violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres.

“Si bien considero que se puede hablar de retos (profesionales), muchas veces estos retos se tienen que analizar desde un punto de vista personal, por que si nosotros hablamos de retos a nivel laboral, podemos llegar a conceptualizarlos como tales, es decir, normalizamos lo que en realidad no es un reto, sino (obstáculos) que implican violaciones a nuestros derechos como mujeres”, explicó.

Agregó que aún cuando hay mujeres que tuvieron una posición privilegiada por el contexto familiar, no se debe asumir que se trata de una mayoría, sino de excepciones, por lo que pidió a las mujeres con altos cargos “deconstruirse” y asumir que si bien ahora pueden competir con hombres que se encuentran en la misma situación profesional, en realidad no partieron de un “piso parejo” derivado del sistema patriarcal que rige nuestra estructura cultural y social.

“Entonces si tendríamos que diferenciar propiamente entre retos y violaciones directas a la Constitución… Lo relevante es que a través de estos conversatorios te das cuenta que como mujer tenemos esas violaciones directas o indirectas, yo considero que directas, a nuestros derechos de género, en función de los embarazos, la lactancia y el acoso sexual, y esas son situaciones que no podemos denominar retos, no son retos, son violaciones directas a (nuestros derechos) que como sociedad cambiar y que tenemos que visualizar para lograr el cambio precisamente de esas estructuras”, puntualizó.

La ministra Piña Hernández también recordó que una de las primeras preguntas que se le hicieron para integrarse a un trabajo en el Poder Judicial de la Federación es “si pensaba embarazarse pronto”, como si los embarazos interrumpieran el trabajo intelectual que se requiere para elaborar una sentencia o como si no pudiera trabajar desde casa bajo esa condición.

Por su parte, la magistrada federal Julia María del Carmen García González explicó que las “barreras, obstaculizaciones y micromachismos” a los que se enfrentan las mujeres día a día, terminan invisibilizando su trabajo y excluyendo a las mujeres que deciden dedicar parte de su tiempo a la crianza y cuidado de una familia, a pesar de que se trata de labores que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, que en la mayoría de los casos es una labor que realizan mujeres.

La magistrada agregó que otra de los ejemplos normalizados de violencia de género es el certificado de no ingravidez que se solicitaba a las mujeres en cualquier trabajo, prueba que anteriormente no se cuestionaba y que ahora se reconoce como un acto de discriminación contra las féminas.

Previo a la mesa, se realizó el cambio en la presidencia de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), organismo que designó a la magistrada Marisol Castañeda Pérez como presidenta para el periodo 2021-2022, jurista que se comprometió a trabajar de la mano junto con instituciones públicas y privadas “hasta lograr que la paridad de género y la igualdad, estén presentes en todas y cada una de las decisiones que se tomen” dentro de las mismas.

En tanto, la magistrada García González concluyó su encargo al frente de la AMJAC.

Durante la ceremonia, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se comprometió a combatir “con energía”, todas las prácticas que atentan contra la dignidad y la seguridad de las mujeres, incluyendo el acoso sexual dentro del Poder Judicial de la Federación.

Cabe recordar que en el último año han sido suspendidos dos magistrados federales por casos de acoso sexual y laboral contra sus subordinadas.