CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un balance ciudadano del segundo año de gestión del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, -subtitulado “deudas pendientes con la justicia”- después de un detallado análisis considera que ha fallado en poco más del 60 por ciento en su desempeño.

El análisis de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) se realizó sobre seis criterios como son: cumplimiento de la ley, cumplimiento del plan estratégico de transición, plan de persecución penal, autonomía, capacidad de coordinación con otros actores y transparencia y rendición de cuentas.

Para su estudio, estos criterios se dividieron en 34 subcriterios, de los cuales sea arroja el incumplimiento de 20, el cumplimiento parcial de 8 y sólo 2 que se han cumplido cabalmente, mientras que 4 no se pudieron analizar por falta de información pública.

"Esta situación dista mucho de lo que este país requiere en términos de lucha contra la impunidad desde el ámbito federal y no se ha podido instalar el diálogo para construir de la mano una fiscalía que sirva a la justicia y combata el serio problema de impunidad que sufre México".

Entre otras cosas, recomiendan, hacer de la transición un proceso transparente en el que se rindan cuentas de manera continua y se apliquen los controles establecidos en la ley, bajo el principio de participación social.

El estudio señala el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como paradigmático, por ser un órgano que posee información sumamente útil para el rastreo de recursos financieros de delitos de alto impacto.

Mientras que la UIF reporta públicamente haber presentado 161 denuncias  durante 2019, la FGR, reportó 114  y sólo una fue judicializada.

Hacer caso omiso de la información que proporciona la UIF y no tener la capacidad de articular investigaciones de este nivel, revela, cuando menos, la carencia de método de investigación para construir casos complejos por parte de la FGR.

El estudio considera que la FGR debería dar prioridad a la elaboración de un diagnóstico real del estado que guarda la institución en términos de transformación, resultados e implementación de la Ley Orgánica, y debe darlo a conocer en un ejercicio público de rendición de cuentas con participación ciudadana. También se debe de instalar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía por parte del Senado, sin intervención indebida de la FGR.

Si se requiere algún cambio a la Ley orgánica de la FGR, se debe de someter a discusión pública y participativa las iniciativas; explicar a detalle el contenido y hacer público el Informe Anual de Rendición de Cuentas.

Para los planes de Persecución Penal y Estratégico de Transición recomiendan someter a discusión las prioridades señaladas en los instrumentos, con la participación amplia de la sociedad y conformar Unidades Especiales de Investigación.

Colaborar con otras instancias para avanzar en las investigaciones. Y dar prioridad a la atención a víctimas, recepción de información por particulares y rendición de cuentas sobre los avances de los casos.

Menciona el hecho de que marzo de 2020 fue el mes con más violencia letal desde que se tienen registros con 2,632 homicidios dolosos; sin embargo,  frente a esta crisis, la FGR ha tomado acciones limitadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Huella Balística.