CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En medio de la crisis de seguridad en Guerrero tras los ataques armados que desplazaron a tres pueblos del municipio de Chilapa de Álvarez, nueve alcaldes abandonaron la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. 

Mientras que comisarios, así como representantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF-PC) y del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo-Ez) pidieron la salida en un cuartel militar del centro de Alcozacán y detener a los responsables de las agresiones y muertes de sus compañeros, así como seguridad en los caminos hacia municipios vecinos. 

En tanto, las escuelas ubicadas en el corredor Chilapa – José Joaquín de Herrera cumplieron 18 días sin clases afectando a miles de alumnos, informaron maestros y padres de familia. El gobierno de la morenista Evelyn Salgado no se ha pronunciado al respecto. 

De manera inédita, nueve presidentes municipales de las regiones Centro y Montaña emitieron un comunicado para manifestar su respaldo a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino “ante la grave crisis de seguridad que actualmente enfrenta dicho municipio y que lamentablemente continúa agravándose ante la evidente falta de resultados concretos por parte de las autoridades competentes”. 

Acusaron que durante meses han expuesto ante la Mesa de Coordinación para la Paz, que de manera regional tiene su sede en Chilapa, “hechos de violencia, amenazas, desplazamientos, ataques armados y problemáticas de inseguridad que afectan diariamente a nuestras poblaciones”. 

No obstante, dijeron los ediles, han sido testigos de simulaciones burocráticas sin acciones claras, sin resultados y sin responsables. 

Acusaron que el 22 de mayo, autoridades estatales y federales les impidieron el acceso a pesar de que tenían la invitación oficial de la presidenta municipal de Chilapa para respaldar la toma de protesta de comisarios de comunidades cerca de la zona de conflicto. 

Hicieron un llamado “para que cesen las prácticas de exclusión, desinformación y bloqueo político que únicamente profundizan la descomposición institucional y agravan el clima de tensión social que vive la región”. 

Firmaron Micaela Manzano Martínez, presidenta de José Joaquín de Herrera, y Ángel Aguilar Romero, de Acatepec, postulados por Morena. 

Khalia Ramos Decena, de Zitlala; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; y Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan, abanderados del PRD. 

Alberto Michi Campos, de Tixtla, del PRI; así como Gerardo Mosso López, de Mochitlán; y Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac, que llegaron al cargo por el PVEM. 

De manera paralela, ayer se realizó una asamblea en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, sede del CIPOG-EZ y de la coordinadora regional de la CRAC-PF-PC. 

En la reunión participaron más de mil habitantes de la zona, muchos de ellos desplazados por la violencia. 

En su participación integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta exigieron al gobierno federal detener la guerra contra pueblos indígenas y rechazaron que los ataques contra población de esta zona registrados desde una década sean por una pugna entre grupos criminales 

“Exigimos al Estado Mexicano el alto a esta masacre y a esta guerra genocida en contra de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”, pronunció Sara, integrante del Congreso Nacional Indígena. 

Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isael Rosales Sierra, pidió a los pueblos estar unidos y organizados ante la ola de violencia. 

Es una violencia orquestada por el Estado Mexicano, Guerrero es un polvorín desde hace décadas con los desaparecidos de la guerra sucia y asesinatos contra líderes comunitarios, dijo. 

Alertó que estos territorios son vastos de recursos minerales y naturales como los bosques espesos donde los grupos criminales se están expandiendo en todas las comunidades de la entidad. 

A nombre de las autoridades comunitarias y las víctimas de la región, una mujer integrante del CIPOG-EZ leyó el “Manifiesto de Alcozacán, al corazón de los pueblos de Guerrero, de México y del Mundo”. 

“Al mismo tiempo que los grupos criminales nos atacan, nos matan, aterrorizando a nuestros niños y a nuestras niñas, los malos gobiernos se ríen de nuestro sufrimiento y sólo nos miran por su interés cuando hay elecciones o por su carrera política cuando nuestras muertes se convierten en noticia. 

Dijo que les queda claro que la violencia padecida durante más de 10 años y que se replicó el pasado 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, es una guerra de exterminio en su contra. 

"Eso lo podemos entender, porque el crimen organizado de eso vive, de despojar, de explotar, extorsionar y usar la tierra como mercancía, la maltrata porque en ella siembran amapola o sea que siembran violencia. Usan la tierra para hacer caminos para envenenar a los jóvenes con sus drogas, o sea para trasladar la muerte. Destruyen a la tierra y con ella destruyen la vida. 

“Hoy (la presidenta, Claudia) Sheinbaum y (el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García) Harfuch mienten descaradamente sobre la guerra de exterminio en nuestra contra acusándonos de pertenecer a un grupo delincuencial, para proteger a Evelyn Salgado, quien no ha tenido la capacidad de detener la violencia en el estado, al contrario, ha pactado con grupos delincuenciales”. 

También señalaron a las autoridades locales de ser parte de una estructura político-criminal. 

La titular de la Secretaría de Gobernación, dijo la activista, acudió a esa comunidad, pero nunca los escuchó. 

“Vienen con prisa, piensan que, con una visita de un par de horas, unas cuantas fotos, una sonrisa y sus migajas, resolvieron el problema. Traen tarjetas y apoyos, pero eso no equivale a la justicia”. 

Y describió la situación que se vive en Tula tras ser atacada con armas de alto poder. 

“Está prácticamente desierta sólo quedan algunas especies animales heridas y con mucho sufrimiento. El olor a muerte y el sufrimiento se perciben apenas al llegar a ella. Casas quemadas, casquillos de bala, libros y cuadernos escolares abandonados por niñas y niños, ollas en el fogón y trastes en la mesa”. 

La integrante de la organización también mencionó las peticiones de los comisarios y población: 

• Que los militares salgan de Alcozacán porque la cancha que ocupan es un punto de reunión del pueblo. 
• La instalación de cinco bases de operaciones interinstitucionales que garanticen seguridad en el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera. 
• La construcción de un Banco del Bienestar, de un bachillerato, de un centro de salud ampliado y de un mercado en la zona. 
• Apoyo para las víctimas, internet y una torre de transmisión para una radio comunitaria. 

En la asamblea, madre de familia, denunció con lágrimas en los ojos que desde el 6 de mayo sus hijos no pueden acudir a la escuela. 

“Mis hijos todas las mañanas o el domingo por la tarde me preguntan: 'mamá, ¿cuándo vamos a estudiar?, vamos a prepararnos porque mañana llegan los maestros'”. 

“Pidamos a dios que ese día llegué, que llegué la paz, que no haya este sufrimiento”, expresó. 

En ese lugar y las zonas escolares de José Joaquín de Herrera no se han reanudado las clases debido al temor de maestros y directivos, informaron. Las autoridades no se han pronunciado sobre este tema que afecta a miles de estudiantes de nivel básico y medio superior.