CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- A una semana del desplazamiento por los ataques armados con armas de alto poder y bombas, las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, del municipio de Chilapa de Álvarez, están abandonadas y huelen a muerte. 

La zona continúa desolada, sólo con presencia de fuerzas federales y estatales. Y las clases en al menos 15 localidades se han suspendido.

Los pocos pobladores de estas comunidades que se mantienen refugiados en Alcozacán, sede del Concejo Indígena y Popular Guerrerense-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF-PC), no tienen confianza en regresar ante el temor de nuevos ataques y su destino está en la incertidumbre.

“Ocho días acá andamos, como perros callejeros, como si no tuviéramos casa, pero no queremos regresar, tenemos miedo”, dice una pareja de adultos mayores originarios de Tula, que apenas pudo rescatar seis gallinas que tienen en costalillas, un manojo de ajos y una pequeña mochila negra con pocas pertenencias. 

Son las 14:00 horas del domingo 17 de mayo en Tula, una comunidad de no más de 30 familias. Se ubica al fondo de un camino agreste que se toma en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera. Hace una semana que cesaron los ataques armados.

En el centro de la comunidad, Rafael Julián Arcos, director General de Gobernación del estado, testificó la salida de las dos familias que regresaron a sus viviendas por sus enseres domésticos y sus cerdos, chivos y gallinas. 

Fueron acompañadas por agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal.

Un agente de la Guardia Nacional impidió entrevistar a uno de los vecinos que imploraba dar su testimonio para hacer saber a la presidenta Claudia Sheinbaum la situación en la que se encuentra Tula.

El oficial confirmó que la comunidad estaba vacía y sin servicios públicos. 

Después de que salieron las últimas familias con sus pertenencias cargadas en dos camionetas, en la comunidad reinaba la soledad, la tristeza y una tensa calma. Hasta hace una semana sus habitantes empezaban a preparar sus alimentos. 

La tarde de ese domingo, aún se percibía un olor a ahumado, una pestilencia de animales putrefactos, un olor a muerte. El ambiente sepulcral lo complementan los silbidos de los pinos. La comunidad está rodeada por una zona boscosa. 

En la entrada y el centro de la pequeña población hay viviendas quemadas y abandonadas, con las puertas vacías y tanques de gas afuera. En los campos y sembradíos aún siguen los cuerpos de dos toros, una becerrita, un caballo y un burro secándose, mientras merodean zopilotes. 

Un perro cachorro lame unas galletas en el suelo y busca comida entre las cenizas y escombros en el patio de una vivienda cerca de la comisaría.

El jardín de niños “Imperio Azteca” que en su fachada tiene la leyenda “Gobierno de México” permanece con una puerta abierta y abandonado. Metros adelante, la comisaría y una vivienda adjunta también están quemadas. 

Tula sigue vacío; en Xicotlán sólo 40 habitantes de mil 200 han regresado; en Acahuehuetlán las familias ya salieron del pueblo; mientras que en Alcozacán hay unas 30 personas refugiadas, el resto de su población permanece, pero resguardada en sus casas, salen sólo a lo indispensable. 

En seis días de ataques y enfrentamientos, del 6 al 11 de mayo, el CIPOG-EZ ha reportado seis muertos, seis heridos, entre ellos dos bebés y una mujer, así como cinco desaparecidos. 

El mismo domingo el gobierno estatal de Evelyn Salgado, a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado, Francisco Rodríguez, hizo un “llamado respetuoso” a los distintos actores sociales y políticos a privilegiar el entendimiento, la concordia y evitar la confrontación. 

“El interés superior es la tranquilidad de las comunidades, de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores”, aseguró sabiendo que es justamente la población la que se mantiene desplazada fuera de sus hogares y en la incertidumbre. 

 Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos, que no detalló, el gobierno estatal afirmó que hay más de mil elementos de seguridad.

Como compensación al terror que sufrieron las comunidades, el gobierno estatal y federal llevó colchonetas y despensas, también programó ferias de servicios, pero lo que prevalece entre los pobladores es la incertidumbre y hasta la desconfianza en la vigilancia oficial. 

Alrededor de 15 comunidades de la zona ubicada entre la carretera de Atzacoaloya a Hueycantenango no tendrán clases debido a que las comunidades que continúan sin servicios, pero sobre todo al temor de los maestros y alumnos. 

Desde el 2015, comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera se adhirieron a la CRAC-PF y conformaron sus grupos de policías comunitarias para defenderse de la delincuencia ante la falta de seguridad.

Posteriormente vino la conformación del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y un proceso de fracturación interna de ambas organizaciones orquestadas desde el gobierno estatal. 

Desde su creación, la CRAC-PF-PC y el CIPOG han sido blancos de ataques, estigmatización y sus comunidades permanecen prácticamente sitiadas sin poder salir a las cabeceras de ambos municipios. 

En un década, el CIPOG-EZ ha contabilizado más de 80 homicidios contra sus integrantes y al menos 30 desaparecidos, sin contar con las víctimas de las comunidades con las que han mantenido un largo conflicto armado como San Jerónimo Palantla. 

El 22 de enero, el mismo CIPOG anunció una alianza con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para recuperar comunidades de los municipios de Juan R. Escudero, Ayutla y Tecoanapa en las regiones Centro y Costa Chica, donde existen cientos de familias desplazadas por la violencia y con presencia de la organización delictiva Los Ardillos.

Algunos comisarios de las comunidades a las que querían incursionar acusaron al CIPOG-EZ y la UPOEG de presuntos nexos con la organización criminal Los Rusos.

Dos meses después, a finales de marzo, el líder del CIPOG-EZ, Jesús Placido Galindo, anunció el fin de la alianza con la UPOEG y se deslindó de grupos delictivos.