MORELOS (apro) .- Abogados penalistas de Morelos denunciaron que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron de manera ilegal al litigante Froylán “N” y le sembraron fentanilo y un arma de fuego mientras asesoraba a uno de sus clientes, hecho que quedó documentado en cámaras de videovigilancia ciudadana y que ya circula en redes sociales.  

Señalaron que el caso se suma a otros antecedentes documentados de presunta fabricación de delitos en la entidad y en el país, como una práctica institucionalizada para simular resultados en materia de seguridad pública. 

Un grupo de aproximadamente 30 abogados penalistas ofreció una conferencia de prensa en Cuernavaca, donde fijaron postura sobre la detención ocurrida el pasado viernes 10 de abril en la Calzada de los Reyes. Advirtieron que el caso representa un riesgo para el ejercicio de la abogacía penal y para la ciudadanía en general en la entidad. 

El abogado Víctor Vega sostuvo que el gremio decidió pronunciarse ante la gravedad del caso. “Si esto le pasa a un abogado, ¿qué no le puede pasar a un ciudadano? Este es el momento de que nos unamos como gremio y defendamos al compañero, sobre todo porque está probado que es inocente, que los hechos no ocurrieron así y que se trata de un montaje policial”. 

De acuerdo con los litigantes, el parte informativo policial difiere del material videográfico difundido en redes sociales. Señalaron que el informe oficial refiere que el abogado habría llegado a una escena del crimen, dañado el acordonamiento y presuntamente intentado sacar un arma, además de que se le habrían asegurado narcóticos y una pistola de 9 milímetros.  

Sin embargo, el video muestra que acudió a un autolavado para brindar asesoría y fue interceptado por civiles y policías, quienes presuntamente le habrían colocado un arma. 

En el video que circula en redes sociales, con una duración aproximada de seis minutos y medio, se observa al abogado, vestido con playera verde, sometido contra una pared. En la grabación también se aprecia la llegada de un grupo de policías acompañados por personas vestidas de civil; entre ellas, destaca un hombre con camisa café.  

Mientras el abogado permanece con el rostro hacia la pared, este sujeto le retira la mariconera y posteriormente, según se aprecia en las imágenes, introduce un objeto en su interior. 

Vega insistió en que el caso trasciende lo individual. “Esto nos obliga a alzar la voz. Esto nos puede pasar a todos, porque los abogados penalistas acudimos a los lugares de los hechos a asesorar y ayudar a la ciudadanía”. 

El litigante pidió la intervención de las autoridades de seguridad. “Que los integrantes de la Mesa de Construcción de la Paz respondan”. 

También llamó a la autoridad judicial a resolver conforme a derecho. “El llamado al presidente del Tribunal es que se resuelva conforme a derecho”. 

Los abogados señalaron que buscarán sumarse a la defensa del detenido junto con la familia, una vez que cuenten con autorización, pese a que actualmente cuenta con defensor público. 

Respecto a las pruebas, indicaron que el video debe ser valorado en audiencia. “Es un video público que puede incorporarse sin violar la privacidad ni la secrecía”. 

Sobre los cargos, precisaron que se trata de portación de arma de fuego y posesión de narcóticos, entre ellos fentanilo, y que la detención fue realizada por policías estatales. 

El abogado Cipriano Sotelo afirmó que el caso no es aislado. “No solo ha ocurrido fuera de Morelos; aquí no podemos permitirlo. Si alguien comete un delito, que lo pague, pero no mediante la siembra de evidencias”. 

Agregó que el gremio ha mantenido una postura prudente, pero consideró que la situación rebasó ese punto. “Hemos sido pasivos y respetuosos, pero ya basta. Este joven debe ser liberado mañana porque existen pruebas. No es nuestro defendido, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”. 

Llamó a la gobernadora Margarita González Saravia y al secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, a revisar el actuar policial. “Detengan estas prácticas”. 

También sostuvo que el proceso debe apegarse a la legalidad. “El Estado de derecho debe cumplirse”. 

El abogado Enrique Paredes explicó que el caso deriva de un homicidio en la avenida Ávila Camacho, donde se aseguró un autolavado. Señaló que el propietario solicitó asesoría porque autoridades ministeriales y estatales pretendían asegurar vehículos del lugar. 

Indicó que el litigante acudió como asesor jurídico y permanecía detrás del acordonamiento cuando fue intervenido. “El abogado se mantiene detrás de las cintas de seguridad y es entonces cuando los policías se le abalanzan. En el video se observa cómo le siembran el arma”. 

Sostuvo que estas prácticas no son nuevas. “La autoridad se queja de la ‘puerta giratoria’, pero esta existe porque los policías no hacen bien su trabajo: siembran evidencias y falsean los informes”. 

El abogado Cristian Fragoso afirmó que el caso refleja un patrón institucional. “No es un caso aislado. Parece una práctica sistemática que la autoridad conoce y tolera”. 

Agregó que existe falta de autonomía en el Poder Judicial y deficiencias en la investigación de delitos a nivel estatal y federal. 

Indicó que, en su experiencia, “al menos 6 de cada 10 casos presentan irregularidades: detenciones sin orden, sin investigación previa y con siembra de evidencia”. 

Consideró que estas prácticas buscan simular eficacia en seguridad pública. “Se presentan detenciones de generadores de violencia, pero la violencia no disminuye porque no hay investigaciones reales”. 

El abogado Gibran Haro subrayó la necesidad de fortalecer la capacitación policial. 

Finalmente, los abogados señalaron que han tenido contacto con la familia del detenido y que, de ser autorizados, participarán en su defensa junto con el defensor público asignado. 

Al cierre de la conferencia, al ser cuestionados sobre la Mesa de Construcción de la Paz, el abogado Cipriano Sotelo respondió: “Para tomar café”.