GUANAJUATO, Gto. (apro).- El magistrado Luis Alberto Valdez López, a cargo de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, emitió una sentencia condenatoria a los dos implicados en el homicidio calificado del buscador Francisco Javier Barajas Piña, asesinado en mayo de 2021 en el centro de la ciudad de Salvatierra. 

La sentencia reconoce que Javier Barajas Piña fue asesinado por las labores de búsqueda de personas desaparecidas, en específico la de su hermana Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en febrero de 2020 y encontrada en la fosa de Salvatierra en 2021. En el sitio, además de la maestra Lupita, como era conocida, se encontraron los restos de otras 79 personas. 

El fallo del Poder Judicial de Guanajuato llega después de casi cinco años, aunque la búsqueda de justicia todavía no termina para Ma. Tránsito Piña y Javier Barajas, padres de Javier y Guadalupe, porque el proceso no ha concluido. Queda pendiente la audiencia de individualización de sanciones, detenida por el amparo promovido por uno de los dos autores del crimen. 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha dado acompañamiento en todo el proceso a los padres, dio a conocer que la sentencia salió desde el 27 de febrero pasado, pero están a la espera de la resolución del amparo. 

"En ese sentido, hacemos un llamado enérgico al Poder Judicial de la Federación para que, en el ámbito de sus competencias, resuelva el juicio de amparo con la mayor celeridad posible y conforme a los más altos estándares en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos", señala la organización en un comunicado de prensa. 

El Centro Prodh reconoció la sentencia como una noticia positiva para la familia Barajas Piña, para el colectivo Ángeles de Pie Por Ti, así como para el acceso a la justicia y en contra de la impunidad en los casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas, principalmente en Guanajuato, el estado con mayor número de estos casos. 

"La decisión no sólo representa un mensaje de justicia para esta familia, sino también para otros colectivos que les han acompañado en cada paso del proceso", agrega el Centro Prodh. 

El camino recorrido de procesos judiciales no ha terminado para Ma. Tránsito Piña y Javier Barajas, quienes han tenido que desplazarse de Guanajuato ante los riesgos que enfrentan por su determinación de alcanzar justicia. 

La sentencia de la Séptima Sala llega después de que un tribunal federal revocó la primera sentencia condenatoria en segunda instancia que había salido en mayo de 2024 de la Quinta Sala Penal. Uno de los condenados promovió un amparo directo porque la Quinta Sala ya había conocido de sus procesos legales en varias ocasiones. 

El Primer Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal ordenó que se revocara la sentencia condenatoria emitida en mayo de 2024 y que se remitiera a una nueva Sala Penal que no haya conocido antes del asunto para que, con libertad de jurisdicción, emitiera un fallo, explicó a Proceso Ivette Galván, co-coordinadora del área de defensa en el Centro Prodh. 

En el nuevo análisis, el magistrado Valdez López confirma la participación de los responsables del asesinato de Javier Barajas. 

"La sentencia toma en consideración el acervo de pruebas presentadas que incluye la declaración de testigos presenciales de los hechos, uno de los cuales fue lamentablemente desaparecido en el transcurso del proceso penal. Asimismo, que los hoy sentenciados fueron aprehendidos con el arma homicida. De igual manera, se analizaron pruebas científicas, tales como la geolocalización de los aparatos de telefonía de los perpetradores", señaló el Centro Prodh. 

Recuento 

El 29 de febrero de 2020 fue desaparecida Guadalupe Barajas Piña. La maestra Lupita, conocida así por dedicarse a la docencia, estaba de visita en Salvatierra para visitar a sus padres cuando fue desaparecida. Su familia, incluido su hermano Javier, dedicó los siguientes meses a la búsqueda de la joven de 32 años. 

En octubre de ese mismo año, en el barrio de San Juan en Salvatierra, familiares de personas desaparecidas encontraron la que, hasta ahora, es la fosa más grande de la que se tenga registro en el estado. Del sitio recuperaron los cuerpos de 80 personas, incluida la maestra Lupita. 

El 19 de febrero de 2021, a unos días de que se cumpliera un año de la desaparición, la familia Barajas Piña recibió los restos de la maestra Lupita. La búsqueda de personas desaparecidas no terminó para la familia que siguió apoyando a otras personas que buscaban a sus seres queridos en la región. 

El activismo de Javier, abogado de profesión, lo llevó a recibir la invitación para incorporarse a la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda. 

La noche del 29 de mayo de 2021 fue asesinado en un ataque directo en el centro de Salvatierra. En julio de 2021 la Fiscalía de Guanajuato informó la detención de Rafael y César Enrique, ahora condenados por homicidio calificado. 

Sin embargo, en el camino la familia Barajas Piña ha librado varios obstáculos, como cuando en agosto de 2023 un juez local absolvió a ambos del asesinato de Javier. 

Los acusados no salieron libres porque, además del homicidio del activista, la Fiscalía local los investiga por la desaparición de la maestra Lupita. 

En mayo de 2024 la Quinta Sala Penal emite la sentencia condenatoria, pero el amparo promovido por uno de ellos llevó a un tribunal federal a revocar el fallo. El 27 de febrero sale la nueva sentencia de otra Sala Penal, pero no se ha podido realizar la audiencia de individualización de sanciones porque hay otro amparo en trámite. 

Además, Ma. Tránsito y Javier siguen a la par el otro proceso penal por la desaparición de la maestra Lupita. En este caso, en febrero pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato resolvió solicitar a la Suprema Corte de Justicia que ejerza su facultad de atracción para que fije criterios cuando testigos se retractan, tratándose de delitos de alto impacto como la desaparición de personas. 

Y es que en el asunto de la maestra Lupita, testigos que habían rendido su declaración se retractaron de sus dichos, aunque la defensa logró evidenciar los actos de intimidación que sufrieron. 

Al revisar el caso, el Tribunal Colegiado reconoció que estas situaciones son recurrentes, por lo que votaron a favor de que sea analizado por la Corte.