HERMOSILLO, Son., (apro) .- Con una inversión inicial de 500 millones de pesos, el hospital de Ures –pensado para atender a las personas afectadas por el derrame de metales pesados, ocurrido en 2014 en una mina de Grupo México–, iniciará este mes de marzo, anunció, el miércoles 11, el gobernador Alfonso Durazo. Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), sin embargo, señalan que han sido excluidos en momentos importantes del proceso, además de que la atención urgente a su salud sigue sin presentarse. 

“Tengo ya disponibles 500 millones de pesos para construir un hospital y un laboratorio de metales pesados, que yo espero que estemos poniendo en el transcurso del mes de marzo la primera piedra. Es un hospital, fíjense nada más, que se comprometió en el 2014, y me tocó pelear por él como diputado federal y ahora me va a tocar construirlo como gobernador. Ya tenemos proyecto ejecutivo, ya tenemos todo; estamos batallando con el papeleo para que IMSS-Bienestar sea propietario del terreno, que ahora es de Grupo México”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa semanal. 

Los trabajos de este mes, sin embargo, ya son objeto de cuestionamiento por parte de las comunidades representadas en los CCRS, organización que desde el 2014 aglomera a las personas que buscan justicia y reparación por el derrame de materiales tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi. En particular, porque se derrumbarán los pocos avances que se concretaron antes de que fuera cancelado el Fideicomiso Río Sonora. 

“Se va a demoler lo que ya está, lo que ya habían hecho. El hospital viejo (que fue compromiso de Grupo México y que nunca fue terminado) se va a derrumbar para empezar de cero porque dicen que no reúne condiciones para el laboratorio toxicológico. ¿Cuántos años más va a tomar?”, dijo a Proceso Micaela Vera, habitante de las zonas afectadas por el derrame e integrante de los CCRS. 

Algo de esto se le informó a los CCRS durante reuniones que han sostenido con diversas autoridades en los últimos meses, mismas que, apunta Micaela, quien además es abogada, han sido menos efectivas de lo que prometían.  

Esto se debe a que algunos funcionarios, como la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal de IMSS-Bienestar en Sonora, ha optado por mandar representantes sin poder de decisión en vez de acudir de manera personal. 

“Estos representantes no están enterados del tema del río. Van a las reuniones y nos dicen lo que les dan para leer, pero cuando hacemos preguntas no saben dar respuestas. Tampoco son personas que puedan tomar decisiones, así que nos dicen ‘lo vamos a llevar con la doctora Nucamendi’”. 

Más allá de las irregularidades del proceso, uno de los señalamientos más sentidos por los CCRS, tras las reuniones, fue hecho público los primeros días de febrero a través de un comunicado que se titula “Sin calendario ni acciones urgentes en salud: CCRS señalan vacíos tras reunión con autoridades sobre Río Sonora”: se trata de falta de atención de urgencia para quienes están en contacto con las zonas contaminadas. 

La respuesta oficial proporcionada en una de las reuniones, lamenta Micaela Vera, es que se requiere que un médico determine que existen elementos de sospecha para pensar que la salud de una persona que busca ayuda se encuentra efectivamente afectada por la contaminación ambiental. “Yo levanté la mano y les dije ‘¿qué más sospecha quieren, si vivo en la cuenca?’”.