PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Tras presiones de periodistas y otras organizaciones civiles, diputados locales de Quintana Roo afines a Morena, determinaron bajar la iniciativa de adición al Código Civil estatal por el uso de imágenes personales, que se señaló habría puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.  

Por la tarde del lunes, María José Osorio Rosas, diputada integrante del Partido Verde, impulsora de la iniciativa, se presentó en la oficialía de partes del Congreso de Quintana Roo para ingresar el desistimiento de la reforma de ley.  

Esto ocurrió luego de acaloradas discusiones en redes sociales y un parlamento abierto celebrado el pasado sábado en Playa del Carmen, donde principalmente reporteros reclamaron la falta de claridad en la propuesta de adición a la norma, pero principalmente la desventaja en la que el gremio periodístico hubiera quedado porque ya no podrían difundir imágenes de servidores públicos sin autorización, pues no había claridad para discernir entre evento público y privado.  

La iniciativa fue presentada también por el petista Hugo Alday Nieto y el morenista Ricardo Velazco Rodríguez, quienes, a pesar del reclamo generalizado, nunca intentaron un acercamiento con representantes de los medios de comunicación.  

“Nunca quisimos coartar la libertad de expresión y por eso mismo estamos solicitando que se tomen las medidas pertinentes para que ya no se continúen con los trabajos”, dijo Osorio Rosas al momento de presentar el desistimiento en el congreso local.   

Fue la Barra de Abogados de Quintana Roo que señaló riesgosa la iniciativa para el ejercicio periodístico por su redacción ambigua.  

No obstante, aclaró que la protección de la imagen de las personas para su difusión es muy importante junto con su regulación para proteger la privacidad.  

Antes del desistimiento de esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había invalidado diversos artículos de otras leyes por falta de claridad en su redacción y que fueron aprobados por diputados quintanarroenses de la actual legislatura.  

Las demandas de inconstitucionalidad han venido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha alegado violaciones del derecho a la seguridad jurídica en su variante de taxatividad pues las normas aprobadas no son claras.