HIDALGO (apro) .- “Alguien tiene que ceder algo para poder llegar a un entendimiento”, expresó el gobernador sobre la disputa por el control directivo de la Cooperativa Cruz Azul, que en Hidalgo ha dejado, además de pérdidas económicas por la suspensión de actividades, enfrentamientos armados en intentos previos por tomar la planta cementera ubicada en el antiguo pueblo de Jasso, en Tula. 

El acontecimiento más grave, por los decesos, ocurrió el 27 de abril de 2022, cuando convoyes de autobuses de la Ciudad de México y el Estado de México llegaron para apoderarse de las instalaciones; hubo detonaciones de armas de fuego, incendio de vehículos y un saldo de ocho muertos y 12 heridos. 

El mandatario también lamentó que fuera por medio de una resolución judicial –girada desde el Estado de México, con un juez de aquella entidad y con un operativo presidido por la fiscalía mexiquense– que se haya “restituido” la planta, ahora en posesión del grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel.  

Antes, este complejo en la ahora llamada Ciudad Cooperativa Cruz Azul –el nombre es en honor al equipo de primera división que surgió ahí, así como por el legado de producción cementera– lo tenía la facción identificada con Federico Sarabia Pozo, detenido el 31 de agosto último por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). 

“Lamento que sea una resolución de esta naturaleza como se resolvió el tema y es fundamental por la vida, integridad de las personas que les ha costado un gran esfuerzo el mantener una fuerte importante de ingresos”, expuso el mandatario en entrevista posterior al anunció una inversión privada de 8 mil 85 millones de pesos (mdp) a través de la llegada o ampliación de 16 empresas en los rubros logístico, inmobiliario, metal mecánico y salud, con empresas como Costco, Grupo Pachuca, Arteche North America y Voltran WEG Group.  

En esa entrevista, Menchaca también se ofreció como mediador del conflicto, lo cual, dijo, ya ha planteado su gobierno anteriormente. 

Por los hechos violentos en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, que iniciaron la madrugada del pasado 12 de febrero, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró la planta cementera, 33 personas han sido detenidas. 

Esta mañana, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, dio a conocer que dos de los 33 detenidos han sido vinculados a proceso por portación de armas de fuego (calibre.38) y por narcomenudeo. 

De los 31 restantes, uno es investigado por “desobediencia y resistencia a particulares, pandilla y portación de arma de fuego”, mismo que se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación legal, mientras permanece con la medida cautelar de prisión preventiva. 

En tanto, los otros 30, que enfrentan cargos por “desobediencia y resistencia de particulares y pandilla”, también se acogieron a la duplicidad del término e, igualmente, están recluidos de manera preventiva. 

Este fin de semana se formuló imputación, se vinculó a proceso y se impuso la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria contra R. Z. G. y L. V. Á. L., los acusados de portación de armas de fuego y por narcomenudeo. 

La PGJEH declinó competencia por la portación de arma de fuego. Ambos fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) afuera de la planta Cruz Azul y, según la acusación, que se basa en el parte de la corporación estatal, R. Z. G. portaba un arma de fuego modelo p-380, abastecida con un cargador y tres cartuchos útiles. 

Asimismo, supuestamente poseía once bolsas con aparentes dosis de metanfetamina, así como “cuatro bolsas con cannabis y una libreta con diversos nombres, números con signos de pesos y otras anotaciones”, con base en lo expuesto en la audiencia inicial.  

En tanto, L. V. A. L. presuntamente portaba un revólver con la leyenda Smith Wesson, abastecido con dos cartuchos útiles  

La acusación por narcomenudeo es por un informe de SSPH que refiere que al momento de la inspección supuestamente tenía, “bajo su radio de acción inmediata”, diez bolsas con metanfetamina y dos con cannabis.  

Por la mañana, Fernández Hasbun insistió en que el operativo en Tula se debió a una “solicitud de colaboración e internamiento para personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, en cumplimiento –añadió– “de la orden judicial 40/2026”, que requería “levantar el aseguramiento” de la planta y, “de manera inmediata”, realizar la “devolución” de las instalaciones.