TEPIC, Nay. (apro).- El activista social Isaac Cárdenas, conocido como “Chakín”, informó que un juez federal ordenó la modificación de las medidas cautelares que le habían sido impuestas dentro del proceso penal que enfrenta, luego de que se le concediera un amparo promovido ante instancias federales. 

En entrevista, Cárdenas explicó que la resolución no derivó de una determinación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sino de una orden del Poder Judicial Federal que instruyó al juez local a revisar las restricciones. Tras una nueva audiencia, se le permitió continuar su proceso fuera del resguardo domiciliario, bajo condiciones como la firma semanal, la prohibición de salir del estado y el pago de una garantía económica. 

Detalló que la garantía fijada fue de 15 mil pesos, monto que deberá ser devuelto una vez concluido el proceso. Indicó que su situación jurídica se definirá en una audiencia programada para inicios de febrero, en la que deberá decidir si continúa con un juicio o acepta un procedimiento abreviado, opción que —dijo— evaluará ante la posibilidad de que se le retiren derechos políticos. 

Pese a la modificación de las medidas cautelares, el activista denunció que la Fiscalía no le ha devuelto sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y su camioneta, las cuales permanecen bajo resguardo en distintas áreas de investigación, pese a que —afirmó— ya fue retirado el delito de cohecho, por lo que no existe fundamento legal para su retención. 

Guerra de videos tras protesta en Fiscalía  

Como parte de su denuncia pública, Cárdenas acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, donde realizó una protesta simbólica para exigir la devolución de sus bienes. La acción quedó documentada en un video de su protesta, en el que aparece cantando una versión modificada de Las Mañanitas: “Estas son las mañanitas… despierta, pueblo, despierta, mira que ya amaneció… la lucha no terminó”. 

En el mismo material, el activista explica el motivo de su presencia en la dependencia: “Estoy aquí en la Fiscalía del Estado porque hoy se cumplen dos meses de que no me han regresado mi celular”, y añade que el dispositivo es su herramienta de trabajo. En el mensaje también identifica a la autoridad responsable y concluye con una exigencia pública para que le sean devueltas sus pertenencias. 

Inmediatamente después de la difusión de ese video, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, encabezada por la recién nombrada titular Elvia Ludmila Heredia Verdugo, publicó un video institucional en sus plataformas oficiales, acompañado de imágenes de diversas manifestaciones sociales, en el que se advierte que quienes destruyan, obstruyan o afecten vías de comunicación o medios de transporte de uso público podrían enfrentar sanciones penales. 

En dicho mensaje se señala de manera textual: “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”. El video agrega que, cuando exista la participación de más de tres personas, “se podría incurrir en el delito de asociación delictuosa”, cuyas sanciones “podrían ser de cinco días hasta diez años de prisión, según la ley”. 

Tras la difusión de ese mensaje, el activista calificó la actuación de la Fiscalía como un acto de intimidación en su contra, al considerar que el video institucional fue publicado de manera inmediata a su protesta pública. Asimismo, sostuvo que el contenido del mensaje tuvo la intención de disuadir la movilización social, al advertir a la población en general sobre posibles consecuencias penales por ejercer el derecho a la protesta. 

En respuesta a ese posicionamiento, el activista difundió un video grabado con el apoyo de su abogado, realizado en las inmediaciones de la antigua fábrica de Bellavista, en Tepic, sitio identificado históricamente como escenario de la primera huelga registrada a nivel nacional. En el material, Cárdenas sostuvo que la protesta social no constituye un delito y citó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2022, derivada de la acción de inconstitucionalidad 159/2022. 

En ese material, Cárdenas afirma: “Manifestarse y caminar juntos no es un delito, es un derecho humano y la dignidad de un pueblo que se siente oprimido”, y añade que la Suprema Corte estableció que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta y tolerar su ejercicio en espacios públicos, como calles, plazas y carreteras. 

Asimismo, cuestiona el mensaje difundido por la Fiscalía al señalar: “No se puede entender cómo en Nayarit el gobierno del estado quiere amenazar al pueblo para que guarde silencio”, y concluye con un llamado a la ciudadanía: “Cuando ya se agotaron todas las vías legales y nadie te abre la puerta, es momento de salir a las calles y alzar la voz por la dignidad del pueblo”. 

Cárdenas sostuvo que este intercambio público de mensajes refleja posturas encontradas entre ciudadanos organizados y autoridades respecto al ejercicio del derecho a la protesta, y afirmó que continuará visibilizando su caso mientras el proceso legal en su contra sigue en curso, a la espera de la resolución judicial que defina su situación jurídica.