TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a tres exservidores públicos, entre ellos el exdirector del Registro Civil del municipio de Tzimol, por su presunta participación en una red dedicada a la expedición ilegal de actas de nacimiento a ciudadanos extranjeros. 

La dependencia señaló que derivado de auditorías internas, se iniciaron las investigaciones tras detectarse registros irregulares en este municipio fronterizo. Uno de los casos más graves y representativos es el de un ciudadano de nacionalidad iraquí, quien fue asentado de manera fraudulenta como originario de Tzimol, Chiapas, mediante la emisión ilegal de un acta de nacimiento, presuntamente a cambio de sumas elevadas de dinero. 

El fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca, informó que la indagatoria inició formalmente el pasado 12 de enero, luego de que la Dirección General del Registro Civil presentara una denuncia al detectar el uso ilícito de sus sistemas informáticos, tras una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno. 

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy imputados aprovechaban sus cargos y el acceso privilegiado a las plataformas digitales para manipular procesos de expedición y corrección de actas, crear identidades falsas para ciudadanos extranjeros y facilitar el tránsito irregular de personas, presuntamente en complicidad con redes internacionales de tráfico de personas. 

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra Artemio “N”, Juan “N” y Jorge “N”, este último se desempeñaba como director del Registro Civil en Tzimol. 

Los exfuncionarios enfrentan cargos por abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas informáticos, delitos considerados graves por el impacto que tienen en la seguridad jurídica y migratoria del país. 

“No se tolerarán actos que vulneren la seguridad de la información oficial ni que comprometan la integridad de los sistemas del Estado”, subrayó el fiscal Jorge Llaven Abarca. 

Los tres detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Con esta acción, dijo el fiscal, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra la corrupción en la función pública y reforzar el Estado de Derecho en la frontera sur de México.