MORELIA, Mich. (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió, la noche del martes 9 de septiembre, medidas de protección a favor de la influencer Flor Marian Izaguirre, quien desde hace varios días permanece hospitalizada en estado crítico, tras haber sido reportada como desaparecida en Uruapan y posteriormente localizada en la ciudad de Morelia. 

Las medidas fueron dictadas con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de prevenir y mitigar riesgos que comprometan la integridad de la joven de 23 años, pues se detectaron indicios de violencia ejercida hacia su persona antes de su desaparición, informó la institución mediante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. 

En un comunicado, la FGE recordó que Flor Marian salió de su domicilio en Uruapan el pasado 1 de septiembre, a bordo de su vehículo, y desde entonces se perdió contacto con ella, por lo que su desaparición fue denunciada al día siguiente ante la Fiscalía Regional. 

Tras varios días de búsqueda, la noche del sábado 6 de septiembre, la joven fue localizada en un hotel de Morelia, donde se encontraba hospedada y en el lugar también se encontró su automóvil. 

Ante la situación de salud que presentaba, la influencer fue auxiliada por paramédicos y trasladada al Hospital de la Mujer, donde hasta la fecha permanece bajo cuidados intensivos. 

Durante su rueda de prensa del lunes 8, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la delicada situación de salud de la joven, al grado de afirmar que “se está haciendo todo por salvarle la vida”, y añadió que el caso estaría vinculado con un problema de violencia intrafamiliar. 

Aunque las autoridades no han precisado las causas del deterioro de su salud, versiones extraoficiales señalan que podría estar relacionado con una automedicación. 

La FGE informó que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, a fin de dar continuidad a las investigaciones, en apego al principio de debida diligencia y salvaguarda de los derechos de la víctima.