CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Por considerar que la divulgación de la información pueda “causar daños al interés del Estado” o “suponga un riesgo para su realización”, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) reservó por tres años los datos relacionados con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del megapuerto proyectado por la Federación en El Sauzal de Rodríguez. 

Integrantes de colectivo Ensenada Digna, quienes se oponen al proyecto por posible riesgo ambiental y social, compartieron, el miércoles 27 de agosto, un posicionamiento a la prensa, tras la respuesta obtenida mediante una solicitud de transparencia. 

Actualmente el centro es dirigido por David Covarrubias Rosales, para el periodo 2021-2026; el doctor Julio Sheinbaum Pardo es investigador titular C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III. Está adscrito al Departamento de Oceanografía Física de la División de Oceanología. 

La petición del grupo, de manera general, fue sobre la propuesta presentada por el centro para el desarrollo del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), a quién se dirigió, el monto económico y el tiempo de desarrollo. 

Por lo anterior, el centro respondió que la División de Ciencias de la Tierra, a través de la Jefatura del Departamento de Geología, del CICESE, clasificó la información de expedientes y documentos “como reservada por un periodo de reserva de tres años”, según los términos establecidos en el artículo 112 fracción XIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Dicho artículo indica: “Como información reservada podrá clasificarse: cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes”. 

Posteriormente, dicha división elaboró y presentó al Comité de Transparencia del CICESE la llamada prueba de daño, para plantear sus fundamentos y motivaciones que la llevaron a la reserva de información. 

Tras esto, el Comité de Transparencia del CICESE analizó, el 20 de agosto, el contenido de dicha prueba, que es un mecanismo legal para establecer que divulgar una información supuestamente ocasionaría un daño mayor que el beneficio de hacerla pública. 

Los argumentos fueron: “I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio”. 

El colectivo Ensenada Digna remarcó que, con esta respuesta, el CICESE decide “guardar silencio por tres años” y cuestionaron el valor de la ciencia “cuando se pone al servicio de un proyecto que amenaza con devastar un territorio con una gran riqueza biocultural para beneficiar intereses privados y extranjeros”. 

Agregaron que la transparencia “se ha sacrificado” para proteger a los promotores del puerto. 

“Y si la reserva caduca en tres años, el riesgo es que para entonces ya no haya playas que defender, la pesca ribereña y el turismo queden en ruinas, sumado a colapsos viales, contaminación aérea, marítima y de suelo. Lo que quedará, en cambio, será la memoria amarga de una ciencia que eligió el silencio cuando la sociedad pedía respuestas”, concluyeron en su posicionamiento. 

En el contexto, apenas el pasado 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) anunciaron que el CICESE haría estudios sobre la dinámica costera al “contar con mayor experiencia en estos aspectos” y que harían el nuevo puerto hasta que “población y usuarios estén de acuerdo”.