TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) manifestó que el reciente fallo del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, que sentenció a 20 años de prisión al presunto autor material de la ejecución extrajudicial del sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, no esclarece los hechos ni alcanza a los autores intelectuales del crimen. 

“La verdadera justicia en el caso de la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo implica una investigación exhaustiva, sanción a los responsables y garantías de no repetición; además de reconocer su trabajo como persona defensora de derechos humanos y constructor de paz”, dijo el colectivo. 

El Frayba destacó que la sentencia emitida el pasado 6 de agosto, está “cubriéndose de impunidad y manteniendo la injusticia desde una estrategia institucional que clausura la verdad, sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas”. 

El Padre Marcelo, subrayó en un comunicado, reconocido por su labor en defensa de los pueblos indígenas y la promoción de la paz en la región de Los Altos, fue asesinado pese a contar con la Medida Cautelar MC-506-14, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue ignorada por el Estado mexicano. 

“El Estado no sólo falló en su deber de protegerlo, sino que además lo criminalizó, persiguió y silenció”, acusó el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García.  

El Frayba advierte que la sentencia contra el autor material representa una simulación de justicia que encubre a los verdaderos responsables. 

El colectivo dirigido por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, sostiene que “se obstaculizó la justicia, se silenció la exigencia de verdad y justicia”. 

Denuncia que las acusaciones contra el Padre Marcelo para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas. 

“A pesar de contar con medidas cautelares, el Estado mexicano no garantizó su seguridad. Una vez más el caso de una persona defensora se trata como un simple homicidio, negando el trabajo por la paz y reconciliación entre los pueblos al que dedicó su vida el Padre Marcelo”. 

En el manifiesto titulado: “Padre Marcelo, ley sin Justicia, Verdad mutilada”, el Frayba señala que la violencia generalizada en Chiapas no deja avanzar la paz. 

“En las últimas semanas se ha reactivado la violencia en la Región Frontera y Sierra, así como en los Altos de Chiapas. En medio de los discursos de paz, grupos armados que operan en las diversas regiones de Chiapas, que no fueron identificados, investigados, judicializados ni desarticulados continúan amenazando a los pueblos y comunidades”. 

El Centro exige al Estado mexicano que se investigue sin atajos ni pactos de impunidad. “Porque cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar.” 

Demanda que haya una investigación exhaustiva, identificando a los responsables, sancionando adecuadamente y garantizando que estos hechos no se repitan, que la acción sea un impulso con voluntad institucional para saber la verdad y lograr justicia.